El coordinador provincial de IU en Jaén, Luis Segura, ha animado a la ciudadanía a participar en la campaña de movilizaciones puesta en marcha por la coalición para defender el Decreto-Ley sobre Función Social de la Vivienda aprobado por la Junta de Andalucía y para oponerse al recurso que ha presentado el Gobierno en el Tribunal Constitucional (TC).

En una entrevista concedida a Europa Press, ha considerado que con esta decisión "el PP cae en un profundo error", al tiempo que, en su opinión, "será el responsable de los desahucios que a partir de ahora se produzcan" si el referido tribunal paraliza una norma impulsada por el Gobierno andaluz del que Izquierda Unida forma parte y que ha puesto como ejemplo de que "es posible hacer otra política" frente a la que desarrolla el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Por ello, IU va a poner en marcha una campaña, cuyo "primer hito" tendrá lugar el próximo viernes a las 12,00 horas, cuando se realizarán concentraciones frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en cada una de las provincias andaluzas, que en el caso de Jaén, se encuentra en la plaza de las Batallas de la capital, donde, junto a la dirección de la coalición, se reunirán alcaldes y cargos públicos de la misma. Además, Segura ha llamado "a participar en ella a las organizaciones y movimientos que llevan años luchando activamente por el derecho a la vivienda digna y contra los desahucios y la estafa inmobiliaria".

Para el coordinador provincial, el decreto ley tiene "plena constitucionalidad" y ha alertado de "la falsedad de los argumentos del PP, ya que el TC ha establecido que la función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad y que se puede establecer límites al mismo mediante leyes estatales o autonómicas". Igualmente, ha afirmado que el Tribunal Constitucional "ha fijado con claridad que el Gobierno no puede fijar una legislación uniforme de la propiedad privada y su función social".

Segura ha resaltado, además, "no recurre el Decreto en defensa de la Constitución, ni del derecho de propiedad, que no se ven en absoluto amenazados", sino que aprecia motivos distintos. Entre ellos, ha aludido a la "sumisión a las elites financieras y a la Troika", a la comunicación de un "mensaje de que las políticas alternativas al neoliberalismo no caben en la ley, ni en la Constitución, intentando evitar que éstas y otras parecidas se extiendan", ya que esa idea "quedaría en entredicho con este decreto", así como "para probar su control del TC una vez asegurada una mayoría conservadora" y "por presiones de las patronales y la banca".

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