Izquierda Social y Ecologista (Iseco) ha pedido a PP y PSOE que asuman su "responsabilidad compartida" el "desastre" de la depuradora de Vuelta Ostrera, sobre la que pesa sentencia firme de derribo del Tribunal Supremo.

En un comunicado, Iseco recuerda que el proyecto de saneamiento y la EDAR (estación depuradora de aguas residuales) de Vuelta Ostrera estuvieron a cargo de los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Por eso, pide a PP y PSOE que asuman su "responsabilidad compartida" en el "desastre" de la depuradora, ya que "todo lo que rodea al caso" demuestra la "degradación de una clase política dominante que solo piensa en sus intereses partidistas y que traslada a la población los costes económicos y sociales de sus errores".

La cooperativa política cántabra señala que el proyecto de saneamiento de la cuenca Saja-Besaya, que incluye la EDAR, fue un "largo" proceso caracterizado por "la prepotencia, la opacidad y la violación sistemática de la Ley de Costas".

El proyecto de saneamiento -recuerda- fue aprobado en 1996 por el último gobierno de Felipe González, siendo continuado por el de José María Aznar, que "ignorando todas las alegaciones, informes y alternativas de ubicación presentadas por los ecologistas", aprobó en 2000 el proyecto definitivo de Vuelta Ostrera.

Ante una "ilegalidad tan evidente" como que las obras iban a conllevar "el relleno de 90.000 metros cuadrados de la marisma" de Cortiguera (Suances) y la imputación por delito ecológico del director técnico de la Confederación Hidrográfica del Norte, el Consejo de Ministros presidido por Aznar decidió en 2001 sacar la zona del dominio público, un acto que fue recurrido por ARCA y declarado ilegal por el Supremo.

Finalmente fue el estrenado Gobierno de Zapatero quien concluyó la construcción de la depuradora y quien 'recogió' la sentencia de derribo en 2005.

Política barata

Ante estos hechos "históricos" Iseco se pregunta "cómo algunos responsables del PP y del PSOE cántabros pueden tener la desvergüenza de dedicarse en estos momentos a hacer política barata a cuenta de una desastrosa gestión que les salpica a ambos por igual".

Por último Iseco critica que los alcaldes se reúnan para presionar a los jueces y no para "pedir que se sancione a los culpables" de construir una "costosísima obra ilegal" y para pedir al Estado que les "garantice la continuidad del servicio" al margen de la decisión que tome el Tribunal Supremo.