El Gobierno ha destacado que se presentó un recurso de anulación contra la Decisión de la Comisión Europea de 8 de mayo de 2012, relativa a la Ayuda Estatal concedida por España a Ciudad de la Luz S.A. (Alicante), que actualmente está "pendiente" ante el Tribunal General de la Unión Europea.

Así lo destaca el Ejecutivo por escrito, ante una pregunta del parlamentario socialista Gabriel Echávarri Fernández, contestada el pasado 10 de mayo, al explicar además que la Comisión Europea estimó en su Decisión que los 265 millones de euros concedidos a la empresa Ciudad de la Luz por la Generalitat Valenciana no se facilitaron en condiciones de mercado, por lo que España deberá recuperar del beneficiario la ayuda incompatible.

Contra esta Decisión, en julio de 2012, España presentó demanda de anulación conforme al artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, actualmente pendiente ante el Tribunal General de la Unión Europea.

También han recurrido Ciudad de la Luz, SAU y la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU, su único accionista.

Las autoridades españolas han defendido que la inversión en Ciudad de la Luz no contiene elementos de ayuda pública, ya que un inversor privado habría invertido en el proyecto de la misma forma y en iguales condiciones (principio del inversor privado en una economía de mercado).

Jurisprudencia de la ue

Al respecto, recuerda que la jurisprudencia de la UE descarta la existencia de ayudas si, en el momento de una inversión, la empresa pública se ha colocado en la situación de una empresa privada comparable, guiada por una perspectiva de rentabilidad a largo plazo.

Por otra parte, indica que los planes de negocio de Ciudad de la Luz fueron analizados en cuatro estudios diferentes, facilitados por las autoridades españolas a la Comisión en el marco del procedimiento de investigación. Las conclusiones en dichos planes eran favorables, confirmando rentabilidades positivas.

Para dar cumplimiento a la Decisión de la Comisión, trabajan conjuntamente la Generalitat Valenciana, la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.