El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero millonario en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha remitido a la Audiencia Nacional una nueva pieza del 'caso Emarsa', la que investiga al empresario fugado, Jorge Roca, y a su madre, Carmen Samper, por presunto blanqueo de capitales.

Así consta en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que se acepta la petición de la fiscal de inhibirse de la pieza 9 de la causa, al considerar que el lugar de la comisión de los hechos es el Principado de Andorra.

Anteriormente, este magistrado ya decidió remitir también a la Audiencia otras dos piezas, la 7 —la relativa al presunto delito de blanqueo de capitales cometido por el jubilado de Aldaia, Vicente Gil, y sus dos hijos, Vicente José y María Yolanda Gil Blay— y la 8 —en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales imputado a María Aguila Aladren, expareja del empresario fugado—.

En relación con la pieza 9, el magistrado detalla que existen indicios "claros" de ilicitud que revelan que la imputada colaboró con su hijo en la apertura y mantenimiento de varias cuentas de Andorra para ingresar en las mimas los beneficios obtenidos de los trabajos realizados por las sociedades del empresario, que facturaron a Emarsa "sumas millonarias" mientras sus mercantiles "carecían de los medios personales y materiales necesarios para la realización" de las tareas.

Asimismo, el juez entiende que Carmen Samper habría colaborado con su hijo en la introducción de fondos de procedencia ilícita en el mercado financiero, incluso transformando éstos en una propiedad ubicada en el Principado de Andorra cuya titularidad exclusiva le corresponde a la mujer, y que le permite obtener unos beneficios como consecuencia del arrendamiento.

Servido de soporte

En general, el magistrado considera que la mujer, a lo largo de los años, ha servido de soporte a su hijo, indiciariamente, con la única finalidad de residenciar en ella o sus sociedades las ganancias obtenidas con unas actividades mercantiles "cuya legalidad es altamente dudosa".

Respecto a la competencia del órgano instructor, el juez entiende que es la Audiencia puesto que la imputada es española pero no aforada, y porque el delito que se le imputa fue cometido fuera de las fronteras. También señala que en esta pieza (la 9) se investiga un delito independiente y autónomo del principal, aunque guarda una relación de conexidad.