Tras años de litigios, el Tribunal Supremo sentenció que el Fondo debía devolver a López Alonso los títulos que éste entregó como aval cuando vendió el Banco de Valladolid en 1981, aunque al ejecutar la sentencia por parte del juzgado de primera instancia número 4 de Madrid se ordenó que, en lugar de esos títulos, se le abonara la cantidad de 26,5 millones de euros.