La Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras (CC.OO), CSI-F y CGT han pactado el nuevo convenio colectivo para el personal laboral de la Administración autonómica, que afecta a un total de 17.677 trabajadores y que estará en vigor hasta 2015.

Según ha informado la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press, este acuerdo sustituye al anterior, que databa de 2003, y su principal novedad es que incorpora las modificaciones y mejoras retributivas que se han llevado a cabo en la última década con el consenso de los representantes de los trabajadores públicos.

Como consecuencia de esto se reordena la estructura salarial del personal laboral, de modo que a partir del 1 de enero de 2014 las retribuciones anuales totales se repartan en 14 pagas idénticas. Esta modificación, que no implica incremento económico alguno, corrige la situación actual, en la que algunos complementos se perciben dentro de las extras.

Por su parte, CC.OO. ha destacado el carácter "de transición" de este acuerdo, puesto que evita la caducidad del anterior, que se produciría este lunes, y ha enfatizado la inclusión de una cláusula específica sobre la estabilidad en el empleo, es decir, que ningún trabajador fijo "pueda ser despedido".

Este sindicato también se ha felicitado por las clausulas que permitirán que el personal laboral pueda recuperar las retribuciones y las condiciones de jornadas, permisos y licencias que fueron "recortados" por los decretos "impuestos por los gobiernos de PSOE y PP".

Además, se ha logrado la consolidación de las tablas salariales que se venían aplicando, entre ellas las subidas que se han producido desde el año 2008 y se ha buscado un mecanismo por el que en caso de repetirse la supresión de una paga extra, la perdida sea "menor" que la que se produjo en 2012.

El nuevo convenio colectivo, que tiene efecto desde mañana mismo, adapta su contenido al Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP) y a la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Así y con el fin de cumplir las previsiones de esta última se suprimen las categorías profesionales, que serán sustituidas por las denominadas competencias funcionales.

De cara a este proceso se constituirá una mesa técnica que se encargará de actualizar el sistema de clasificación vigente para que sea "acorde" a las necesidades de la Junta.

En materia de jornada, vacaciones y permisos el convenio también se acomoda a la normativa vigente y los acuerdos alcanzados, entre los que destaca la posibilidad de disfrutar de cinco días sin sueldo frente al límite anterior que obligaba a solicitarlos en periodos de al menos 15 días. Paralelamente, permite que siete de los 22 días hábiles de vacaciones se puedan disfrutar sueltos, sin integrarlos en un periodo de al menos una semana como hasta ahora.

"facilitar" la conciliación

En ambos casos, el objetivo es, según la Consejería, "facilitar" la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos. Asimismo, el documento incorpora mecanismos que facilitan los traslados de laborales fijos discontinuos por causas de salud.

En este punto el Gobierno de Castilla y León ha asumido el compromiso de regular la cadencia de los procesos de provisión de este tipo de trabajadores sin perjuicio de que se estudie la viabilidad de otros procedimientos de movilidad a futuro, con la creación de una comisión específica que analizará las condiciones de estos efectivos.

Por último, y en cuanto al personal laboral temporal, se han analizado diferentes aspectos relativos a las renuncias a puestos de trabajo y la adjudicación de destinos. En este campo las partes negociadoras han acordado diseñar un nuevo procedimiento de selección y provisión en el plazo de seis meses, con una regulación distinta de la actual para las bolsas de empleo.

El ámbito de aplicación del convenio colectivo pactado hoy se extiende a todo el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad y de sus organismos autónomos, y su duración inicial es de dos años.

Dicho acuerdo se ha adoptado en el seno de una comisión negociadora integrada por 30 miembros, de composición paritaria entre la Junta y las organizaciones sindicales UGT, CCOO, CSIF y CGT. La representación del Ejecutivo autonómico ha estado encabezada por la viceconsejera de Función Pública y Modernización, Rocío Lucas, y el director general de Función Pública, José Miguel Sáez.