La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha dado este jueves "por roto" el pacto sobre Vuelta Ostrera (Suances) y ha solicitado al Tribunal Supremo la "inmediata ejecución" de la sentencia de derribo por la "nula voluntad" que, a su juicio, ha demostrado el Gobierno de respetar los acuerdos que se alcanzaron para demorar la demolición y hacer cumplir las sentencias y por su "manifiesta irresponsabilidad".

En un comunicado, ARCA ha anunciado que se ha dirigido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para que se proceda a la ejecución forzosa de la sentencia y se ha requerido a la Administración para que "en el plazo máximo de un mes" inicie las obras de derribo de la depuradora y lleve a cabo la regeneración de los terrenos y a que las finalice en un máximo de cuatro meses.

Asimismo, la Asociación ha solicitado que se requiera a la Administración para que identifique a la autoridad, funcionario o agente encargado de dar cumplimiento a la sentencia, a efectos de poder exigir, en su caso, su responsabilidad administrativa o penal.

Archa ha opinado que, como asociación, demostró "su buena fe" al aceptar una propuesta de acuerdo que demoraba ocho años la ejecución de la sentencia de derribo del Tribunal Supremo, que es de fecha 26 de octubre de 2005, en tanto se daban los pasos para la construcción de una nueva depuradora y se restauraba el ecosistema dañado.

Sin embargo, se ha quejado de que, a día de hoy, a tan solo unos pocos meses de la fecha comprometida —octubre de 2013— para dar término a la ejecución voluntaria de la sentencia, con la demolición de la depuradora y la regeneración de los terrenos, la Administración del Estado no ha dado cumplimiento "a ninguna de las actuaciones pactadas" para el periodo 2006 a 2013.

En una nota de prensa, Arca incluye un cronograma de actuaciones, en el que se fija el marco temporal en el que estaban previstas las distintas acciones pactadas, como, entre otros, figura el poner en marcha los estudios necesarios para definir un esquema alternativo, algo que debería haber quedado hecho en 2009, o la ejecución y funcionamiento de la alternativa definida.

De hecho, en ese cronograma se señala que la ejecución de la estación depuradora debería iniciarse en 2010 y estar concluida para finales del año pasado, para, a continuación ponerse en marcha en el primer semestre de 2013 la nueva solución del Saneamiento Saja-Besaya y demoler Vuelta Ostrera en la segunda mitad del año.

No se asumen responsabilidades

Además, Arca se ha quejado de que no solamente se ha incumplido, en su opinión, "todos los términos" del acuerdo firmado, sino que no se reconoce que se actuó fuera de la legalidad y "no se han asumido ningún tipo de responsabilidades" ni por parte de los políticos responsables de la decisión ni por parte de los técnicos que avalaron una obra "ilegal" con un coste de más de 100 millones de euros de dinero público.

"El discurso político que venimos escuchando en los últimos meses, insinuando que la sentencia de derribo nunca se cumpliría, que se buscarían todas las argucias legales para que la situación permaneciera como está, ha culminado con la aprobación de una nueva Ley de Costas que pretende privatizar buena parte del litoral, que reduce la servidumbre de protección, que creará una gran inseguridad jurídica, y que puede suponer el golpe de gracia a la maltratada costa española", ha denunciado Arca.

La Asociación cree que tanto la Administración del Estado como el Gobierno regional han demostrado "que no tienen ninguna intención" de cumplir la sentencia firme sobre Vuelta Ostrera ni de respetar los acuerdos alcanzados con esta organización.

Arca ha aclarado que "en todo momento" en este proceso se está limitando a defender la aplicación de la Ley y el cumplimiento de las sentencias firmes dictadas por los tribunales, habiendo promovido además un procedimiento de ejecución que tuviera en cuenta los intereses económicos y ambientales de Cantabria.

"La nula voluntad demostrada por este Gobierno de respetar los acuerdos y hacer cumplir las sentencias, y su manifiesta irresponsabilidad, nos obliga a actuar de esta manera en defensa del Estado de Derecho y del medio ambiente de Cantabria".

En octubre de 2005 el Supremo ordenó el derribo de Vuelta Ostrera, en Suances (Cantabria) tras las reiteradas advertencias y denuncias de ARCA sobre la vulneración de la legalidad que se estaba cometiendo y la agresión al ecosistema de marisma que suponía.

La decisión del Tribunal Supremo se fundamentó, según Arca, en que la depuradora invade 87.450 metros cuadrados del estuario del río Besaya de manera injustificada, ya que existían otros emplazamientos posibles a 500, 1.300 y 3.500 metros de distancia del lugar elegido, que no invadían el dominio público.