«Las tarifas del agua de Sevilla deberían ser un ejemplo a imitar por la mayoría de los Ayuntamientos del país», aseguran desde la Federación de Consumidores en Acción (Facua).

Consideran que el precio que pagamos los sevillanos es correcto y están de acuerdo con que las facturas contemplen penalizaciones por derrochar agua e incluir factores de corrección a las familias numerosas.

De hecho, en Sevilla lo que pagamos por abrir el grifo coincide con la media nacional, a la que sólo superamos de 11 a 27 céntimos, según el tipo de contador que utilicemos: de 13 o de 15 milímetros.

En el primer caso, se pagan 11,50 euros y, en el segundo, 12,47 euros por consumir diez metros cúbicos de agua al mes (el consumo medio calculado por Facua es de 11,39 y 12,74 euros). Así, un consumo equilibrado supone un alivio para el bolsillo que puede llegar a los 156 euros al año en el caso de una familia media sevillana.

Almería, la más cara

Según el informe comparativo realizado por esta asociación de consumidores en un total de 28 ciudades de todo el país, Málaga (8,71), Jaén (10,88) y Huelva (12,04) son las ciudades con el suministro de agua más económico de Andalucía frente a Almería (14,91 euros), Cádiz (14,45) y Córdoba (14,06), que tienen las tarifas más caras.

Un 426% de diferencia

En las ciudades estudiadas, Facua ha detectado diferencias de hasta el 426%, lo que supone que la factura puede llegar a variar hasta 471 euros cada año, según la ciudad. Castellón, Madrid y Pamplona son las ciudades con el suministro de agua más económico.

Las más caras para contadores de 13 mm son Palma de Mallorca, Barcelona y Alicante, mientras que en el caso de 15 mm las más elevadas son Alicante, Palma de Mallorca (que repite) y Murcia.

Quejas a los Ayuntamientos

Tras el informe, la Federación de Consumidores en Acción (Facua) demanda a los ayuntamientos la puesta en marcha de mecanismos de participación de las asociaciones de consumidores en el diseño de las tarifas del agua y, además, reivindica al Gobierno la elaboración de una normativa nacional que regule los derechos de los usuarios, ya que es el único suministro doméstico que carece de ella.