Amnistía Internacional constata la existencia en Baleares de dos casos de inmigrantes irregulares enfermos que no pueden costearse sus tratamientos, cuyos afectados se llaman Silvia Graciela Velázquez, de Uruguay, y Luis Andrés Ulloa, de Chile.

Estos dos casos, son sólo ejemplos de otros muchos que se suceden en las islas, según han informado en una rueda de prensa en Palma el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, y el autor del informe 'El laberinto de la sanidad', que analiza y denuncia la situación sanitaria de los inmigrantes ilegales en Baleares, Ignacio Jovtis.

Concretamente, Silvia Graciela Velázquez, quien lleva en España diez años, ha explicado que padece EPOC grave, una enfermedad pulmonar que disminuye su capacidad respiratoria y que se caracteriza por ser progresiva y, en general, no reversible. Silvia declara que antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, se hacía "controles cada dos, tres o seis meses", mientras que ahora ninguno.

Así, ha lamentado que los tratamientos son muy caros y sin la tarjeta sanitaria no puedo hacerlos", al tiempo que ha revelado que, debido a su enfermedad, sólo puede dormir unas dos horas seguidas, dado que tiene problemas para respirar y, por tanto, sufre síntomas de ahogamiento.

Lo que Silvia pide es que se le "devuelva" el derecho que antes tenía, puesto que desde la entrada en vigor de la ley no puede costearse su tratamiento. No obstante, ha aclarado que ella no quiere sanidad gratis, sino una ayuda.

De hecho, ha revelado que ella siempre ha pagado parte de sus medicinas (antes pagaba el 40%), mientras que la última vez que acudió a la farmacia gastó 227 euros, por lo que tuvo que recurrir a la ayuda económica de su hijo.

Luis Andrés Ulloa, por su parte, es chileno y lleva en España seis años. Llegó a España con epilepsia y cuando ya vivía aquí, le detectaron cáncer de vejiga. Cuenta que cuando se lo descubrieron, le operaron sin cobrarle y que "todo fue perfecto".

Se hacía revisiones cada cuatro o seis meses hasta que un día fue a pedir cita y le dijeron que no estaba en la base de datos. Según ha contado, antes ya le habían advertido de que llegaría un día en el que no le atenderían si no pagaba. Desde entonces, ha dejado las revisiones de lado porque no puede costeárselas, teniendo en cuenta que el precio de las analísticas oscila "entre 80 y 200 euros".

Así, ha desvelado que la última analítica le correspondía el pasado mes de mayo, si bien decidió no acudir, debido a que ya tenía que pagar 75 euros de medicamentos, por lo que no tenía dinero para abonar el coste de la prueba.

Por otra parte, Luis critica la falta de información en la ciudadanía inmigrante con respecto a este asunto, puesto que España y Chile han firmado un convenio bilateral de seguridad social por el que los costes de la atención médica a los chilenos los cubre su país. Sin embargo, Luis se enteró buscándolo "por Internet".

Luis opina que el Gobierno "enrarece" la situación y hace ver que los inmigrantes se aprovechan de la sanidad pública, mientras que Sivia afirma que el "turismo sanitario" es otra de las estrategias para defender la reforma sanitaria aprobada por el Ejecutivo central.

En cualquier caso, tanto Silvia como Luis, reiteran que ellos no eligieron enfermar y piden que se les devuelva algo que ya tenían antes.