El fiscal se ha opuesto a la petición de indulto que el exsecretario de organización de UDC Vicenç Gavaldà y condenado en el caso Pallerols interpuso para evitar la pena de un año y 15 días de cárcel a la que fue condenado por los delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental, junto al empresario andorrano Fidel Pallerols y al exdirector general de Empleo de la Generalitat Lluís Gavaldà.

Entre los argumentos que ha presentado Gavaldà para solicitar el indulto, consta el dilatado lapso de tiempo transcurrido, el hecho de haber pagado de forma íntegra las responsabilidades civiles y la denegación de los beneficios de suspensión condicional de pena.

Para el fiscal, ninguno de estos hechos justifica el indulto, ya que el lapso de tiempo se reflejó en la sentencia con el atenuante de dilaciones indebidas, lo que comportó una rebaja de la pena de cárcel, y la satisfacción de las responsabilidades civiles también se recogió con el atenuante de reparación del daño.

Por lo tanto, la legalidad penal ya ha conseguido conciliar estos hechos con la justicia formal mediante la aplicación de atenuantes, y "resulta innecesario" acudir al excepcional remedio del indulto para subsanar una supuesta injusticia material.

Según han explicado fuentes judiciales, el indulto es "un remedio extraordinario" para colmar las exigencias de la justicia material cuando la justicia formal resultante de la aplicación ordinaria de la ley ha resultado deficiente, y en este caso, no se observa ninguna circunstancia excepcional, sea personal, laboral o familiar.

La utilización del indulto "ha de ser limitada y cautelosa para no provocar graves perturbaciones del ordenamiento jurídico", y sólo cuestiones de justicia, equidad o utilidad pública justifican su atribución.

UDC aceptó devolver, de forma solidaria con el resto de procesados, los 388.000 euros desviados de subvenciones públicas por la trama del 'caso Pallerols', en un acuerdo pactado con acusaciones y defensas que evita la celebración del juicio y libra a los condenados de entrar en prisión.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona confirmó el pacto con la Fiscalía y determinó que el partido de Josep Antoni Duran Lleida fue partícipe del desvío de fondos a título lucrativo de 38.978,23 euros por compra de material de oficina e informática y 158.306,59 euros, en nóminas.

Pese a que las penas acordadas eran inferiores a los dos años de cárcel y los condenados no tenían antecedentes, la Audiencia de Barcelona determinó que tanto Pallerols como los hermanos Gavaldà debían ingresar en prisión en aras al principio de "prevención general" de la corrupción.