El sindicato CSI·F ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana un recurso en el que insta a la suspensión cautelar de los expedientes de jubilación forzosa abiertos por Conselleria de Sanidad con el fin de "evitar que la administración obligue a jubilarse a alrededor de 600 empleados sanitarios que superan los 65 años y que tenían, previamente, una prórroga laboral concedida".

La central sindical ha recordado en un comunicado que ya ganó una sentencia en la que el TSJCV falló a favor de reincorporar a su puesto de trabajo a una trabajadora hospitalaria a quien la Conselleria de Sanidad obligaba a jubilarse. El sindicato pidió la suspensión cautelar hasta que se dictara la sentencia definitiva, y el TSJCV aceptó la solicitud.

CSI·F ha interpuesto ahora un recurso que, en la práctica, "plantea la extensión de esa medida cautelar de suspensión de la jubilación forzosa a todos los empleados públicos que se encuentran en la misma situación", según el sindicato, que explica que el contencioso afecta tanto a la Orden 2/2013 de 7 de junio de Conselleria de Sanidad por la que se regula el procedimiento para la jubilación forzosa como al propio Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que también lo contempla.

El sindicato alega que la nueva normativa "no puede tener efectos retroactivos desfavorables". "Es decir, si Conselleria concedió una prórroga laboral a estos trabajadores que superan los 65 años no puede ahora anularla con una orden posterior", ha explicado.

El recurso argumenta que Sanidad "ocasiona un grave perjuicio a los interesados porque les priva a su derecho a continuar con la prórroga en el servicio activo cuando no hay razón para ello". "Todo el personal ha pasado por el servicio de prevención de riesgos laborales y se encuentra apto para el desempeño de las funciones propias de su puesto", ha añadido.

Perjuicio "irreparable"

CSI·F ha subrayado, además, que de no producirse la suspensión cautelar, "el perjuicio sería irreparable porque, de prosperar esa demanda, los afectados ya estarían jubilados forzosamente en virtud de esos expedientes, y en la mayoría de los casos ya habrían cumplido los 70 años, por lo que no tendrían ocasión de reincorporarse a su puesto de trabajo".

La central sindical explica que, si la medida prospera al igual que sucedió en el caso de la trabajadora hospitalaria, Sanidad "tendría que paralizar todos los expedientes de jubilación forzosa que ha iniciado y permitir que los empleados que tienen concedida prórroga puedan seguir en activo".