El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado que los despidos de los trabajadores del Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) fueron improcedentes, lo que obliga al Gobierno regional a afrontar una indemnización de casi 257.000 euros.

La sentencia del TSJC desestima así el recurso interpuesto por el Ejecutivo contra el fallo dictado el año pasado por el Juzgado de lo Social número Tres de Santander.

El fallo del TSJC ha sido dado a conocer este jueves en rueda de prensa por el diputado socialista Francisco Javier Fernández Mañanes, quien ha exigido al Gobierno que "asuma sus responsabilidades por su injustificable modo de actuar" con los ocho trabajadores despedidos, no sólo por el coste para las arcas públicas de esta "torpeza", ni por el "empecinamiento puramente ideológico" del Ejecutivo "de acabar con la participación de nuestra juventud", si no porque "un buen gobierno debe hacer frente a sus responsabilidades", ha dicho.

El diputado ha dicho "estar a la espera de una explicación al más alto nivel" y criticó que se "siga sosteniendo" la figura de la Dirección General de la Juventud que "casi no hace nada y lo poco que hace, lo hace rematadamente mal".

También reclamó la responsabilidad de la consejera de Presidencia, Leticia Díaz, por este "revés judicial, por haber pisoteado los derechos de estos trabajadores y haber dejado sin representación a los jóvenes de esta región".

Fernández Mañanes recordó que hace un año el Gobierno de Diego tomó la decisión "radical" de eliminar el Consejo de la Juventud de Cantabria y con ello, al órgano interlocutor entre los jóvenes y el Gobierno. Los ocho trabajadores fijos reclamaron por despido improcedente, lo que ha sido ratificado por el TSJC, lo que supone que el Gobierno de Cantabria les tendrá que abonar una indemnización de 256.931 euros.

Tal y como explicó el diputado, la sentencia determina que los despidos son improcedentes porque el TSJC entendió que hubo una sucesión de empresa, ya que al tiempo que el Gobierno suprimió el Consejo de la Juventud creó la Comisión de Participación de Jóvenes que es donde deberían haber seguido prestando sus servicios los trabajadores del CJC.

Para el diputado del PSOE, "quien va a sufrir las torpezas" de esa decisión van a ser los trabajadores despedidos, que "han visto conculcado su derecho al trabajo", así como los jóvenes de Cantabria, que están pagando la "pésima" política de juventud del Gobierno y el conjunto de los ciudadanos, que tienen que "hacer frente a las justas indemnizaciones que la justicia le impone al Gobierno por haber hecho mal esos despidos".

Una cantidad, "muy importante", según Fernández Mañanes, y que, como señaló, "supera con creces el presupuesto de 175.000 euros que el CJC tenía previsto para el año 2012".

Finalmente, calificó de "cruel sarcasmo" la afirmación del presidente regional, Ignacio Diego, que en el último debate del Estado de la Región afirmó que el suyo era un gobierno para jóvenes, a su entender una "rotunda falsedad", dado que su Gobierno "tiene el dudoso honor" de tener más de un 50% de los jóvenes en situación de desempleo, ha eliminado la renta básica de emancipación, ha encarecido la cultura y los espectáculos a los que asisten los jóvenes, y también "pasará a la historia" por haber puesto más dificultades a la educación, ha concluido.