El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha rechazado este miércoles que el modelo de financiación autonómica se articule sobre un "coste estándar" de los servicios al tiempo que ha defendido que se incorpore la Dependencia en el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Así lo ha puesto de manifiesto Herrera durante su intervención en la primera sesión del debate de Política General que se celebra hoy y mañana en las Cortes de Castilla y León.

Durante su intervención, que se ha prolongado por espacio de casi dos horas, Juan Vicente Herrera

ha explicado que la "gran razón de ser como Comunidad" de Castilla y León es prestar "en las mejores condiciones" los servicios públicos al tiempo que ha precisado que esta apuesta por dichos servicios "es un argumento en defensa de los criterios de financiación" recogidos en el Estatuto de Autonomía como son la densidad, dispersión y el envejecimiento.

Por ello, ha explicado que un reparto "cualitativo" de los recursos no se ajusta a las necesidades de la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales ya que, según Herrera, en territorios como Castilla y León "es mayor la financiación que se precisa para atender a una persona en el medio rural que en el medio urbano".

Al respecto, Herrera ha aseverado que la reforma del modelo de financiación no puede "pivotar de ninguna manera en el llamado coste estándar" al tiempo que ha valorado "muy positivamente" el acuerdo alcanzado para crear un grupo entre la Junta y los grupos parlamentarios para definir "una posición de comunidad" en esta cuestión.

Por otro lado, Juan Vicente Herrera ha defendido que se incorpore la Dependencia en la reforma del modelo de financiación y ha justificado este planteamiento en dos motivos. El primero de ellos es "para que haya estabilidad en la financiación" porque, tal y como ha recordado el presidente, "existe un déficit de aportación" del Estado a Castilla y León en materia de atención a la dependencia.

El segundo motivo que ha esgrimido Herrera es simplificar un modelo que "dirige un porcentaje inaceptable re recursos" a la tramitación administrativa que es "complejísima" y que se podrían destinar "a prestar un mejor servicio a las personas dependientes".