La Comisaría General de Policía Científica, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses están preparando un protocolo en el que unificarán sus criterios de actuación para regular y garantizar la cadena de custodia de las pruebas periciales, desde que se recogen en la escena de un crimen hasta que se llevan a los tribunales de justicia.

Así lo ha avanzado este miércoles la profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Carmen Figueroa, tras intervenir en el encuentro 'Policía Científica. De la Escena del Crimen al Tribunal de Justicia' que se celebrará hasta el viernes en Santander en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Figueroa dirige este proyecto que se desarrolla en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales de la UAH y con el que, según ha detallado, se tratará de "paliar la falta de regulación normativa" que existe en la cadena de custodia, ya que aunque la ley dice que hay que "asegurar y conservar las pruebas" no incide en cómo.

"La idea es hacer una propuesta de regulación normativa, es decir, un protocolo normalizado donde se dice qué cautelas y qué medidas deben adoptarse desde que se recoge el vestigio hasta que se lleva al tribunal, así como que, en todo momento, hay que identificar a la persona que está en contacto con esos vestigios", ha indicado.

Y es que la conservación y la garantía de la cadena de custodia tiene "mucha importancia", según ha explicado Figueroa, porque acredita que las pruebas de un delito "han sido conservadas de manera íntegra y adecuadamente" hasta que se presentan en el juicio oral. "La Constitución plantea el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un proceso justo y con todas la garantías, y para ello las pruebas han de concurrir en el proceso penal con todas las garantías", ha apostillado.

A este respecto, ha recordado que últimamente se han planteado "muchos recursos por ruptura o falta de garantía" en la cadena de custodia, y ha señalado los casos de José Ortega Cano y José Bretón.

Caso ortega cano

Sobre el primero, ha indicado que en ese caso la juez no pudo valorar la prueba de alcohol en sangre por las "dudas" que generó el que "no se pudiera asegurar con total garantía" que "nadie pudiera acceder a esa muestra y manipularla".

Y es que la sangre que se extrajo al torero tras tener el accidente pasó un tiempo conservada en el hospital y bajo protocolo clínico y no policial hasta que fue remitida al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. En ese tiempo, la sangre estuvo refrigerada y conservada en un tubo de ensayo, que no estaba precintado.

Caso bretón

El caso Bretón es "distinto", ha señalado Figueroa, que ha explicado que el abogado del acusado de la desaparición y muerte de los niños de Córdoba ha planteado en dos ocasiones la "impugnación de los medios de prueba", en concreto los restos óseos recogidos en la hoguera de la finca de Las Quemadillas.

Sin embargo, tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no han aceptado su alegación porque han considerado que "sí hay garantías" en la cadena de custodia de esos vestigios del crimen. "No queda duda de que se ha garantizado la cadena de custodia y que por tanto pueden acceder al juicio oral adecuadamente", ha concluido.