Subdelegado, convencido de la "necesaria connivencia" entre PSOE y "pseudoempresarios" en el 'Bahía Competitiva'

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, asegura tener "claro" que había "connivencia" y una "necesaria participación" por parte de instituciones socialistas como la anterior Dirección General de Industria del Ministerio, la agencia IDEA y la propia Diputación Provincial de Cádiz en el mandato anterior con los "pseudoempresarios" supuestamente implicados en el 'caso Bahía Competitiva', que persigue la obtención fraudulenta de fondos y ayudas públicas destinadas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, asegura tener "claro" que había "connivencia" y una "necesaria participación" por parte de instituciones socialistas como la anterior Dirección General de Industria del Ministerio, la agencia IDEA y la propia Diputación Provincial de Cádiz en el mandato anterior con los "pseudoempresarios" supuestamente implicados en el 'caso Bahía Competitiva', que persigue la obtención fraudulenta de fondos y ayudas públicas destinadas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz.

Así lo ha manifestado De Torre en declaraciones a Europa Press a raíz del desarrollo de la segunda fase de la operación policial relacionada con este caso, en la que han sido detenidas ocho personas a las que la Policía imputa inicialmente supuestos delitos de falsedad, estafa y obtención de subvenciones y ayudas públicas de forma fraudulenta.

Cabe recordar que hace aproximadamente dos años de desarrolló una primera fase en la que resultaron imputadas once personas. En esta segunda fase se ha detenido a ocho personas y se han ejecutado cinco registros domiciliarios en Madrid a empresarios por el supuesto cobre de este tipo de subvenciones o que supuestamente participaban en las que habría cobrado el empresario gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña, cuyo ingreso en prisión preventiva fue ordenado por la autoridad judicial.

Según explica De Torre, también se han bloqueado cuentas, se ha procedido al embargo preventivo de inmuebles y se ha incautado documentación que tiene "alto valor desde el punto de vista de la investigación" y que, con toda probabilidad, conllevará "nuevas actuaciones" que permitirán que "se sigan esclareciendo los hechos.

El subdelegado dice tener "claro" que hubo "connivencia entre IDEA, la Dirección General de Industria y la propia Diputación en estos hechos que ahora son calificados como delitos", por lo que aboga por "llegar hasta las últimas consecuencias y determinar todas las responsabilidades judiciales y políticas" que pueda haber alrededor de este caso.

Argumenta que esa "necesaria colaboración" por parte de algunas instituciones dirigidas por el PSOE se pone de manifiesto con el dato de que hay "cinco imputados" en este caso de la Dirección General de Industria anterior, de la agencia IDEA o incluso la antigua responsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación gaditana.

Asegura el subdelegado que se va a segur trabajando en la línea de esclarecer "cuáles fueron los hechos, esas connivencias y esa imprescindible ayuda de las instituciones públicas de entonces para la obtención de este tipo de ayudas de forma fraudulenta", insiste.

Una vez sean puestos a disposición judicial, será la titular del Juzgado de Instrucción número de Cádiz, el que dirige la investigación, o la propia Fiscalía los que determinen si a estos ocho nuevos detenidos se les imputan los mismos delitos que la Policía les atribuye inicialmente.

Ha subrayado De Torre que la Policía trabaja a un ritmo para comprobar los hechos y que se vayan acreditando debidamente ante la juez que lleva el caso, dando como resultado la puesta a disposición judicial de "todos los que han tenido que ver con esta trama de obtención de ayudas fraudulentas".

Finalmente, también ha señalado la importancia de que, "si es posible", se recuperen esas cantidades que eran fondos públicos y que "hay que intentar devolver a las arcas públicas para su mejor uso", porque se trataba de ayudas millonarias destinadas a la generación de empleo y riqueza que supuestamente han acabado en manos de empresas que "no generaban riqueza, ni desde luego empleo".

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