El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad a la Proposición de Ley sobre Medidas en Materia Tributaria, de Sector Público, de Política Social y otras Medidas Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular a instancias del Gobierno regional, "por inconstitucional e injusta".

La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique ha calificado esta Proposición de Ley como "demoledora", porque supone "un nuevo hachazo a los derechos de las personas en situación de dependencia y se suma a los recortes y copagos aprobados con anterioridad por los gobiernos de Rajoy y de Valcárcel".

Además, ha explicado, "supone una nueva vuelta de tuerca a los dependientes porque modifica aspectos fundamentales como el plazo para resolver los expedientes o la pérdida de garantías jurídicas, así como el derecho a recurrir por el incumplimiento del plazo y el acceso a las ayudas económicas en el entorno familiar". A su juicio, "esta Proposición afectará, de una u otra manera, tanto a los dependientes que están recibiendo prestaciones como a los que no las reciben".

Rosique ha denunciado, de tal forma, que "de nuevo el Partido Popular utiliza a nuestra Comunidad Autónoma y a las miles de personas dependientes que aquí viven como laboratorio de aplicación de sus insaciables recortes en materia de dependencia, tal y como paso el año pasado con la Ley Regional de Recortes de 29 de junio y posteriormente con el Real Decreto de Mariano Rajoy de 13 de julio".

Ha reprochado que el PP se haya estado negando a aceptar las reiteradas propuestas planteadas desde el Grupo Parlamentario Socialista para garantizar nuevos ingresos procedentes de las rentas más altas.

"El impuesto de patrimonio, el de sucesiones, el tramo autonómico del IRPF, o los impuestos a grandes superficies comerciales y entidades bancarias suponían una vía fundamental de ingresos que el Partido Popular se ha estado negando a aplicar y que ahora, aunque tarde viene a darnos la razón", ha añadido.

La Proposición de Ley del PP suprime derechos de los ciudadanos recogidos en leyes estatales, algo que no se puede hacer; pues elimina el plazo de seis meses establecido en la ley estatal para resolver los expedientes de dependencia. De esta forma, ha insistido, "se retrasa el acceso a las prestaciones por dependencia a miles de personas, sin que ello tenga consecuencia económica alguna para la Comunidad Autónoma".

Asimismo, se cambia por completo el espíritu de la ayuda económica en el entorno familiar recogido en la Ley de Dependencia, cuyo objetivo era garantizar la atención de los dependientes en su entorno. El objetivo, ha apuntado, "no es otro que impedir a miles de personas en situación de dependencia, acceder a la ayuda económica en el entorno familiar".

Cambios que pretende

Los cambios que esta Proposición de Ley pretende, ha detallado, son que el número de horas que se fija para reconocer la dedicación plena de la persona cuidadora pasa de 160 a 672 mensuales, o lo que es lo mismo, 22,4 horas al día sin descansar ni un día; la dedicación mínima pasa de 80 a 350 horas.

Además, se exige convivir en el mismo domicilio que el dependiente y haberlo hecho como mínimo desde un año antes de la solicitud. No se permite que la persona cuidadora pueda estar apoyada por otras personas en sus funciones y no puede trabajar fuera de casa más de cuatro horas al día ni cobrar prestaciones por desempleo, "y se le exige acreditar capacidad intelectual suficiente para desarrollar sus funciones".

En opinión de la parlamentaria socialista, "estas medidas plantean la reclusión en el hogar de dependientes y cuidadores olvidando la autonomía personal como objetivo de la Ley de Dependencia. Parece que lo que se busca con la misma son esclavos y no cuidadores".

Rosique ha agregado que a los requisitos inasumibles que exigen al cuidador, se suma la imposición de optar por una plaza de residencia o de centro de día si quieren acceder a la Ley de Dependencia. Por otro lado, se incrementa el copago y se reduce el mínimo exento del patrimonio neto a 20.000 euros para calcular el copago. Actualmente, el mínimo exento para la dependencia es el que se establece en el Impuesto de Patrimonio y está fijado en 700.000 euros y el de la vivienda habitual en 300.000.

También el copago del servicio de Ayuda a Domicilio se incrementa considerablemente. Una persona con 700 euros de renta pasará a pagar por hora entre 3,61 y 2,63 euros según el número de horas, cuando en 2011 pagaba 0,88 euros por hora, ha afirmado.

El precio máximo de referencia de centro de día para menores de 65 años se establece en 1.100 euros, lo que supone un incremento de 100 euros, incumpliendo el acuerdo de los tres grupos parlamentarios recogido en una enmienda a los presupuestos de 2013, que lo fijaba en 1.000 euros. Teresa Rosique ha denunciado, en este sentido, que "este incremento sólo tiene una explicación, subir el copago, ya que lo que el IMAS paga por plaza a los centros de día no llega a mil euros".

Las ayudas económicas en el entorno familiar sufrirán un nuevo recorte y se incrementará el copago por plaza de residencia como consecuencia de las modificaciones que esta Proposición de Ley establece para calcular la capacidad económica de los dependientes. Se incrementa, igualmente, el copago de las personas que perciban una ayuda por minusvalía.

Por otra parte, van a considerar como deuda la diferencia entre lo se que paga por una plaza de residencia o centro de día y el precio de la plaza y la van a cobrar en "diferido".

La diputada ha manifestado que "todas las personas que estén ocupando una plaza de residencia o de centro de día y su capacidad económica no sea suficiente para cubrir el coste del servicio, estarán en deuda con la Administración, deuda que según esta Proposición de Ley será cobrada".

Con esta medida desaparece por completo el carácter de servicio público y va a afectar a la mayoría de personas que ocupan una plaza de residencia o de centro de día cuya capacidad económica está muy por debajo del precio de referencia, ha resaltado, al tiempo que ha informado que se amplía de cinco a ocho años el plazo para pagar lo que debe la administración a dependientes o familiares en concepto de prestaciones económicas, incluido 2013.

Así a todas las personas que hubiesen solicitado acogerse a la Ley de Dependencia después del RD de Rajoy de 13 de julio de 2012 y no se les haya reconocido la prestación, se les aplicará esta Ley y tendrá que presentar nueva documentación en el plazo de seis meses para acreditar que cumplen los nuevos requisitos "y se suspende por dos años o 30 meses, como mínimo, el derecho reconocido de la prestación económica".

Ante esta Proposición de Ley "claramente inconstitucional", el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad para que sea retirada y no se apliquen los "nuevos e injustos" recortes del PP en Dependencia.