Las OPA apelan a la responsabilidad de Junta y Gobierno para solucionar el problema de los fondos del PDR

Las organizaciones profesionales agrarias (OPA) Asaja, UPA y COAG han coincidido en reclamar soluciones a los problemas que han surgido entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) sobre la financiación de los programas de Desarrollo Rural (PDR) y han lamentado que esto suponga un perjuicio para los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

Las organizaciones profesionales agrarias (OPA) Asaja, UPA y COAG han coincidido en reclamar soluciones a los problemas que han surgido entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) sobre la financiación de los programas de Desarrollo Rural (PDR) y han lamentado que esto suponga un perjuicio para los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

Las organizaciones agrarias se han expresado así tras la reunión que han mantenido en la Delegación del Gobierno con el subsecretario del Magrama, Jaime Haddad, quien ha explicado que el Ministerio no debe dinero a Castilla y León y las diferencias con la Comunidad se deben a interpretaciones.

En este marco, la Alianza que conforman UPA y COAG ha calificado de "sorprendente" el "espectáculo" al que asisten con versiones "tan contrapuestas" entre el Ministerio y la Consejería de Agricultura, que tienen como "víctimas" a los profesionales del sector agrario, que "se muestran perplejos ante esta descoordinación".

A juicio de la Alianza, se trata de una "confrontación dialéctica" que, según la organización, afecta a la cofinanciación del 50 por ciento de fondos comunitarios del PDR correspondientes a 2012.

"Esta situación resulta sorprendente", han asegurado UPA y COAG, que han asegurado que la información aportada hoy por el Ministerio "en nada se parece" a la facilitada días atrás por la Consejería de Agricultura en el Consejo Regional Agrario, en la que se acreditaba que había pagos pendientes que ascienden a 26,6 millones de euros.

La Alianza considera "inaudito" que estas circunstancias ajenas al sector conviertan a estas ayudas "en arma arrojadiza" entre administraciones y que sus efectos tengan "como víctimas" a muchas explotaciones agrarias, a las que se lleva "a un callejón sin salida desde el punto de vista de la viabilidad económica".

Por ello, han apelado a la responsabilidad política de ambas partes para que se ponga fin a esta "confrontación" y se proceda al pago inmediato de lo que se adeuda a más de 50.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León.

Sin avances

Por su parte, Asaja ha lamentado que no haya un "compromiso claro" para que los agricultores cobren ayudas que deberían haberse pagado al año pasado.

Según la organización, aunque el encuentro del responsable ministerial se ha desarrollado en un tono de "absoluta cordialidad y talante conciliador" al referirse a los problemas de entendimiento entre administraciones, "esa cordialidad no se ha traducido en ningún avance claro y, sobre todo, que tenga repercusión en los agricultores y ganaderos, quienes, hoy por hoy, no tienen ninguna garantía de que antes de que acabe el año reciban las ayudas comprometidas".

Asaja, tras recordar que estas ayudas corresponden a líneas "fundamentales" para el campo, considera que ha quedado patente que "existe una discrepancia importante" entre las administraciones, cuando "curiosamente" el mismo portavoz del ministerio "ha valorado" la buena gestión que la Junta de Castilla y León ha realizado de estos fondos.

"Eficacia que paradójicamente ha puesto al descubierto estos problemas de financiación, que no se han planteado en comunidades autónomas que no han tenido siquiera capacidad para afrontar sus compromisos de gasto con presupuesto autonómico", ha asegurado.

Al margen de las explicaciones, Asaja ha explicado que "el hecho es que a día de hoy el Ministerio no se ha comprometido a nada concreto" y para la organización "por encima de argumentos y explicaciones" lo importante es que "se den soluciones al problema".

Por ello, ha pedido a los responsables políticos "un ánimo más constructivo, puesto que de no resolverse este rifirrafe, quedarían en el limbo 67 millones de euros de gasto público que dejarían de invertirse en Castilla y León hasta el año 2015, en el que finaliza el Plan de Desarrollo Rural en vigor".

Mostrar comentarios

Códigos Descuento