El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defenderá este lunes en Luxemburgo la máxima flexibilización posible en la convergencia interna que Bruselas reclama para reequilibrar las ayudas dentro de cada país con la nueva Política Agraria Común (PAC), porque considera que es un sistema injusto para el campo español y porque cree necesario mecanismos que permitan, entre otras opciones, "excluir a todos los pequeños agricultores" de este modelo de reparto.

Así lo ha adelantado a la prensa a su llegada a la negociación final con la que los ministros de Agricultura de la UE esperan cerrar de aquí al miércoles la reforma de PAC, tras limar las diferencias que les separan de la posición de la Comisión y del Parlamento Europeo, este último colegislador.

Arias Cañete ha expresado la voluntad de lograr en esta cita un acuerdo "definitivo" que resulte "positivo y beneficioso" para los intereses de España, es decir, que permita niveles de apoyo "similares" a los actuales para todos los productores españoles y que "no haya flujos financieros significativos entre los territorios".

La propuesta del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, que es el texto de partida en las negociaciones, planteaba una "tasa plana absoluta, al 100 %", dentro de cada Estado miembro, según ha recordado el ministro español, para quien sería una "injusticia" obligar a un mismo pago por hectárea para los agricultores, independientemente de su cultivo o región.

Por ello, en la negociación España defiende que su diversidad productiva impide dar un trato uniforme a todos los casos y que una convergencia interna a niveles propuestos por Bruselas provocaría una "enorme injusticia", ya que se daría más "a quienes no necesitan apoyos para ser rentable" y menos a los que sí lo necesitan.

Sobre las aspiraciones españolas, Arias Cañete ha asegurado que ha hecho "calar" ante la Comisión Europea las demandas para atenuar la convergencia interna, si bien ha apuntado que resta que Ciolos acceda a ofrecer "todas las herramientas" para llevar a cabo esa flexibilidad. "La Comisión empieza a ser sensible a la estrategia que ha puesto en marcha el Gobierno", ha dicho el ministro, aunque quedan "muchos temas abiertos".

Así las cosas, el escenario sobre el que trabaja el ministro español se apoya en una flexibilización sobre "varios frentes" de la convergencia, incluida la posibilidad de que "todos los pequeños agricultores estén exentos" de esta obligación, lo que según cálculos de Arias Cañete dejaría libre de la convergencia de condicionalidad y 'greening' a "casi más de la tercera parte de los agricultores españoles" si el umbral se fijara en los 1.250 euros de ayuda por año.

También apuesta por porcentajes "muy inferiores" al 100 % de la idea inicial, aunque el ministro no ha aclarado si cerca del 75 % del pago medio de una región que forma parte de la última propuesta de negociación. Otro de los mecanismos que quiere España para atenuar el impacto de la llamada 'tasa plana' interna es establecer una "cláusula de limitación de pérdidas" para casos estadísticos "puntuales", con el objetivo de que "nadie pudiera perder por encima de un determinado umbral".

Aunque la convergencia interna es una de las preocupaciones máximas de España en estas negociaciones, no es la única, ya que ha identificado "problemas importantes" en lo relacionado con los sectores del tabaco y del algodón. España considera estos cultivos de "enorme impacto" económico y social en parte de su territorio y por ello quiere poder "mantener en los niveles actuales" los subsidios que perciben.

El 'greening' o reverdecimiento de las ayudas directas, por las que se condicionará un 30 % al cumplimiento de medidas concretas con beneficio medioambiental es otro de los elementos donde España dará "batalla", con el objetivo de que se calcule por explotación y no a nivel nacional. El Gobierno teme que si el cálculo se realiza por país se produzca una convergencia "automática" inicial del 30 % que se iría "sumando" a otras.

A este respecto, el interés de España se orienta hacia un modelo de regionalización que combine las comarcas geográficas, las características agronómicas y los niveles económicos de ayuda. Ello contribuiría a flexibilizar la convergencia interna y "limitar el impacto" de la propuesta de Ciolos.

Sobre las medidas reconocidas para recibir la prima del 'greening', la voluntad española es que se reconozcan los cultivos permanentes como merecedores de este apoyo "sin ningún otro requisito", lo que beneficiaría al olivar, los viñedos, los cítricos y frutas y verduras porque quedarían "exentas" de nuevas exigencias ecológicas.

En lo que se refiere al capítulo de desarrollo rural, el ministro ha destacado que se ha avanzado en ideas que gustan a España como contar con un programa nacional y mejoras "muy importantes" para el regadío.

Sobre la prolongación de los sistemas que protejan la producción de azúcar y de viñedos, para evitar la liberalización en los plazos previstos, España pide aplazar hasta 2017 el régimen de cuotas de azúcar y, hasta 2024, el régimen de autorización de viñedos que relevará al actual.