Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía ha reclamado a la Junta de Andalucía que apruebe una Ley que regule las competencias de los Agentes de Medio Ambiente en la comunidad, de modo que se les atribuya carácter de cuerpo especial como poseen en Cataluña o Madrid, algo que contempla la ley básica nacional y que el Grupo Parlamentario de esta formación exigió en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2012 a través de una proposición no de ley.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la formación magenta en la comunidad, el colectivo de Agentes de Medio Ambiente agrupa en la actualidad "a menos de mil efectivos, casi un centenar menos que los que tenía hace cinco años", por lo que se requiere una regulación específica que permita establecer, en el marco de la legislación básica del Estado y del ordenamiento jurídico de Andalucía, la naturaleza jurídica, potestades y funciones del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Andalucía.

Sobre todo, según detallan desde UPyD, porque "las funciones y competencias de estos funcionarios en Andalucía se ven enfrentadas permanentemente con la actuación del ente instrumental, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que con mejores medios y dotación, y de una forma mucho más dócil, asumen responsabilidades que podrían ser cubiertas más eficientemente y con mayor independencia por los agentes de medio ambiente".

A su juicio, por tanto, la norma que permita la creación de este cuerpo especial dentro de la función pública andaluza "no sólo es necesaria para dotar de una carrera profesional al colectivo, sino sobre todo para garantizar su independencia y capacidad de acción, algo que en la actualidad no está garantizado".

"Es un hecho que las funciones específicas que, como agente de la autoridad y policía judicial en materia medioambiental están reconocidas, no pueden desarrollarse de facto plenamente en la medida en que se ven sujetos a la dirección política de la Junta, cuya práctica habitual implica indicaciones para que sus denuncias no se produzcan directamente a la fiscalía y en ocasiones ni siquiera se registren administrativamente en la delegaciones provinciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente", explica la formación.

Este 'modus operandi', según UPyD, "permite el filtro previo y la discrecionalidad de actuación ante determinados hechos potencialmente constitutivos de delito contra el medio ambiente", por lo que se hace más necesaria si cabe la nueva Ley que reclama.