La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares sospecha que los cálculos realizados hasta la fecha sobre las posibles comisiones pagadas por la Junta de Andalucía para cubrir las primas de las pólizas de prejubilación "podría modificarse sustancialmente" según la nueva documentación remitida al respecto por la aseguradora Generali.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya ordena además a Generali que permita la entrada "voluntaria" en sus dependencias de la Guardia Civil cuando sea "preciso" a fin de recabar "directamente e 'in situ' toda aquella documentación que estime oportuna y que esté relacionada con la solicitud, tramitación, formalización o cualquier otro proceso de las pólizas que han sido subvencionadas, directa o indirectamente, por la Junta".

En este sentido, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla advierte a la compañía aseguradora de que, "en caso de oponer reparos, podría cursarse, si se dieran las circunstancias para ello, orden de entrada y registro y deducir testimonio, por desobediencia a la autoridad judicial o en su caso encubrimiento".

En el auto notificado este viernes a las partes y dictado el pasado 17 de junio, la juez indica que, actualmente, la Guardia Civil se encuentra investigando todas las operativas financieras de movimientos de capital que, "emanando de la Junta, a través de las diferentes aseguradoras y mediadoras partícipes en la formalización de pólizas de seguros, acabaría en un entramado empresarial que estaría recibiendo financiación de manera irregular y cuyos responsables nada tendrían que ver con los beneficiarios legales de las subvenciones públicas".

Para ello, expone, la Guardia Civil está analizando la "cuantiosa" documentación correspondiente a las pólizas de seguros financiadas por la Junta y suscritas con entidades aseguradoras, informaciones que proceden, entre otras fuentes, de Generali, que absorbió a La Estrella y Vitalicio.

La juez Alaya advierte de que "se ha comprobado" que, tras los requerimientos realizados tanto por la Guardia Civil como por los funcionarios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la información procedente de Generali "no ha coincidido" con la ya adquirida a través de otros organismos como la Junta en relación a los diferentes pagos que ésta realizaba para cubrir las primas de las pólizas.

Este hecho "lo puede corroborar esta instructora tras el estudio del atestado presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) el 20 de marzo pasado, lo que ha provocado incluso la dilación en la toma de las declaraciones pendientes de imputados", dice la juez en el auto consultado por Europa Press.

Al hilo, dice que "hay que tener en cuenta que la explicación que Generali ha ofrecido sobre las diferencias en los datos económicos tras su contestación en febrero de 2012, en la cual adjuntaban un fichero de los datos conjuntos de las pólizas financiadas por la Junta, es que habían depurado un tercer fichero al detectar algún error, fichero que no fue remitido ni a la Guardia Civil ni a la Dirección General de Fondos de Pensiones por creer la compañía que las diferencias eran menores y sin trascendencia".

La nueva documentación

La magistrada asevera que estas diferencias no serían tan "menores" como advierte Generali, tal y como "les ha reconocido la propia compañía en una comunicación donde envían el fichero depurado, el cual está siendo analizado y que podría modificar sustancialmente los cálculos realizados hasta la fecha sobre las posibles comisiones pagadas por la Junta".

Por ello, "se hace necesario el conocimiento preciso de los aspectos señalados", pero "a la vista de que no se puede conseguir a través de solicitudes parciales", la juez ordena a Generali que facilite al Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil y a los funcionarios de la Dirección General de Seguros "la entrada voluntaria" en todas aquellas dependencias "donde sea preciso".

El objetivo, según añade, es poder "recabar directamente e 'in situ' toda aquella documentación que estimen oportuna y que esté relacionada con la solicitud, tramitación, formalización o cualquier otro proceso de las pólizas que han sido subvencionadas, directa o indirectamente, por la Junta".

La magistrada advierte a la aseguradora de que, "en caso de oponer reparos, podría cursarse, si se dieran las circunstancias para ello, orden de entrada y registro y deducir testimonio, por desobediencia a la autoridad judicial o en su caso encubrimiento".