En la propuesta, consultada por Europa Press, el PP-A solicita además que se incluya además al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), las fundaciones y los entes instrumentales dependientes de la Consejería", adscrita a Economía, Innovación y Ciencia desde el inicio de la actual legislatura.

Según el coordinador de Economía y Hacienda del PP-A, Rafael Carmona, es necesario "fiscalizar y auditar el cien por cien" de los programas, actuaciones y convenios de la Consejería de Empleo de la Junta porque en ella "todo está bajo sospecha y, se analice lo que se analice, siempre hay dudas" sobre su gestión.

A su juicio, tras descubrirse el "escándalo" de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010, la auditoría y fiscalización de la Consejería de Empleo es "imprescindible" porque "todos los programas están bajo sospecha".

"No son solo los ERE o la partida 31L, son también los cursos de formación, las escuelas taller, el dinero que ha entrado, el que se le debe a los proveedores... es que se necesita una auditoría del cien por cien a la Consejería de Empleo", justifica Carmona, que advierte de que no solo el PP-A advierte de estas posibles irregularidades, sino la propia Cámara de Cuentas, que ahora tendría que incorporar a su plan de trabajo esta iniciativa fiscalizadora de los 'populares' si ésta se aprueba en una próxima Comisión de Hacienda y Administración pública.

El PP-A ya pidió al presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, que remitiera a la Fiscalía el informe de fiscalización que se hizo en 2009 sobre las subvenciones entonces para la actividad de fomento del empleo. También pidió que se hiciera un "seguimiento" de las recomendaciones incluidas en el informe que hizo este mismo órgano en 2004 sobre el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al considerar que "pueden existir indicios de responsabilidad penal", ya que se registró "discrecionalidad en el pago de intereses de demora".

El informe

La Cámara de Cuentas señalaba en su informe de 2009 la ausencia de "criterios objetivos y baremados" en las ayudas de la Junta a escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo que sean "aplicables en todas las direcciones provinciales, para realizar las propuestas de los proyectos incentivables y determinar el importe de la ayuda".

Junto a ello, el órgano fiscalizador advertía de "incidencias" en el plan de medidas extraordinarias para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo (Plan Memta) y de "debilidades de control interno" en algunos de los expedientes de subvenciones destinadas al fomento del empleo (la Cámara seleccionó una muestra de 121 expedientes de entre los 25.377 adjudicados por importe de 420,6 millones).

Tras este análisis, aludía a "ausencia de documentación, retrasos en el tiempo que transcurre entre la solicitud de la ayuda y la resolución de la subvención" así como a que, en algunos casos, no se habían "implantado, ni subsanado las deficiencias detectadas" en el informe de 2004 en relación con el área de personal y las ayudas para el fomento del empleo.