El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha advertido este miércoles del "aumento de la marginación" entre la población inmigrante por los "recortes y políticas" que está llevando a cabo el Gobierno del Estado en esta materia y, mientras el PP-A ha atribuido dichos "recortes" a la "bastante mala" gestión de la Administración autonómica, el titular del ramo ha criticado con dureza "las dificultades" que el Ejecutivo central está poniendo "para la renovación de la autorización de residencia y la supresión de los fondos de apoyo a las comunidades autónomas".

Así lo ha dicho en el transcurso de una comparecencia en la Comisión parlamentaria de Justicia e Interior para informar de las políticas de inmigración que desarrolla su departamento, donde ha censurado que el Gobierno de Mariano Rajoy haya derogado una instrucción para la renovación de las autorizaciones de residencia para los inmigrantes porque, a su juicio, "esta decisión está incrementando las bolsas de marginación de esta población en Andalucía y el resto de España".

De Llera ha lamentado que el Ejecutivo estatal haya dejado "sin efecto" una instrucción en la que se disponían los procedimientos a los efectos de la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, entre los que se encontraba la presentación del Informe de Esfuerzo de Integración y la valoración de dichos informes emitidos por las comunidades autónomas. Esto está provocando, según ha alertado, el incremento de las denegaciones en la renovación de las autorizaciones de residencia y, por tanto, de la situación de irregularidad del colectivo de inmigrantes que las solicitan.

"Se está abocando a estas personas a un círculo perverso puesto que, al no disponer de empleo, no pueden renovar la residencia y el no tener esa autorización les impide al mismo tiempo el acceso al empleo", ha criticado.

De Llera ha resaltado también la "importancia" de las transferencias que realiza la Junta a los ayuntamientos a través del Fondo Autonómico de Inmigración pese a que el Gobierno central ha optado por "prescindir", por segundo año consecutivo, del Fondo Estatal de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes, así como al Refuerzo Educativo puesto en marcha en 2005. "Todo ello supone una disminución de 8 millones de euros del crédito transferido a la Junta y un golpe a las políticas de integración de más de 125 ayuntamientos andaluces", ha subrayado.

Pese a este recorte estatal, ha valorado que la Junta "haya mantenido su compromiso con estas políticas" y ha destinado 1,2 millones para respaldar a 122 municipios andaluces en sus acciones de apoyo a la población inmigrante durante 2012.

Nuevo plan integral

En su balance de las políticas migratorias, el consejero ha destacado que la Junta está culminando la elaboración del III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, que se ha estructurado en tres ejes transversales (género, juventud y territorio) y 11 áreas de intervención (socioeducativa, sociolaboral, sociosanitaria, inclusión y bienestar social, vivienda, cultura y participación, atención jurídica, formación, investigación, sensibilizacion social y cooperación al desarrollo).

Según De Llera, será "un instrumento esencial" para que todo el Gobierno de Andalucía "cumpla con su compromiso de salvaguardar la dignidad de las personas y los derechos fundamentales, así como contribuir a la cohesión y fortalecimiento de la sociedad andaluza".

No opina igual el PP-A, cuyo grupo parlamentario ha acusado al consejero de llevar a cabo una política de inmigración que "deja mucho que desear", principalmente, en lo referente a los Ayuntamientos, "que son los que dan la cara ante los inmigrantes" y a los que se han "suprimido" las ayudas y subvenciones. Así lo ha defendido la diputada María Concepción Sacramento Villegas, que como ejemplo ha citado un centro de acogida construido por el Ayuntamiento de Lepe (Huelva) con "más de un millón de euros de las arcas municipales" y que ahora la Junta "no lo pone en funcionamiento".

De Llera ha atribuido esta supresión de ayudas —"que es para todos los Ayuntamientos, no sólo para los del PP-A"— a los "recortes que ustedes han hecho" (el PP) y que han "obligado a redistribuir los fondos, especialmente, a las asociaciones sin ánimo de lucro, que son las que trabajan de sol a sol con los inmigrantes y no los Ayuntamientos, que a veces, por falta de control administrativo, han destinado esos fondos a fines distintos", le ha reprochado el consejero tras advertir de que "eso tiene hasta un nombre en derecho penal", aunque no ha querido "entrar en eso" para no generar más polémica.

Con todo, el debate ha sido tenso con el PP-A porque Sacramento Villegas también le ha afeado que "haya tardado tanto en dar la cara" sobre estas políticas —a las que ha dado una calificación de "bastante mala"— y ahora anuncie el tercer Plan Integral que "lleva cuatro años enterrado en el cajón y por el que no han hecho nada en todos estos años". Tras asegurar que este anuncio está pensado para "darle algo de que hablar" al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el próximo Debate sobre el Estado de la Comunidad, la 'popular' ha advertido de que este "descontento" no parte solo de su partido sino que son principalmente los colectivos de inmigrantes y las organizaciones y sindicatos los que se "quejan" del tratamiento de la Junta a las políticas de inmigración.

Frente a las críticas tanto del consejero como de PSOE-A e IULV-CA a los "recortes" del Gobierno y la "criminalización" que está haciendo de este colectivo, al que "no trata como seres humanos", la diputada popular se ha defendido asegurando que quien recorta es la Junta, que ahora "parece que se olvida de que Andalucía planteó la penalización para la obtención de becas a inmigrantes y hasta el acceso a la enseñanza superior en algunos casos". "Y por cierto, tampoco se han acordado de que mientras se recortaban los fondos para los Ayuntamientos se estaba dando una subvención a una asociación feminista en concurso de acreedores", ha apostillado en referencia a 'Mujeres Progresistas' y para advertir a los diputados del PSOE-A que "se les llena la boca hablando de políticas para inmigrantes" pero que "no pueden pretender darnos lecciones con este currículum".

PSOE-A E IULV-CA

Por su parte, la diputada socialista Rocío Arrabal ha incidido en contraponer las políticas de la Junta con las del Gobierno para poner de manifiesto que, "mientras las de Rajoy no son más que un cúmulo de despropósitos" contra los inmigrantes, las de la Administración autonómicas están destinadas a "integrar" al colectivo en la sociedad andaluza y a reforzar principios como el de la igualdad, la no discriminación o la interculturalidad.

"Rajoy ha dicho más de una vez q en España caben los que caben y nosotros creemos que son sus políticas rancias de derechas las que no caben en Andalucía", ha argumentado para reprobar medidas como la retirada de la tarjeta de la Seguridad Social a los inmigrantes que residen de forma irregular en el país.

De su lado, la intervención de la diputada de IULV-CA Alba Doblas ha estado centrada en valorar los "avances" que la comunidad autónoma ha logrado en la atención a este colectivo pero también en resaltar "algunas deficiencias" que aún deben corregirse, como es el hecho de que, frente a la negativa estatal de atender sanitariamente a los inmigrantes regulares, en Andalucía se exija una dirección postal, lo que dificulta el acceso al sistema público de atención a aquellos inmigrantes que viven en "poblados o asentamientos chabolistas".

Doblas también ha pedido a De Llera que, a diferencia de los planes anteriores, el nuevo pueda ser "evaluado" para conocer fallos y aciertos del mismo. También que haya un "mayor desglose presupuestario y transparencia" en las partidas destinadas a políticas de inmigración.

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