La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha señalado este martes que sólo con una sociedad civil "organizada, exigente y crítica, que conoce sus derechos y los hace valer", será posible frenar la "sangría" de los desahucios y ha defendido que los responsables públicos no sólo deben escuchar a los colectivos sociales, en este caso a los que defienden el derecho a la vivienda, "sino animarlos a que mantengan alto el listón de exigencia y reivindicación".

Durante la entrega en Madrid del premio al Compromiso Individual del Club de Debates Urbanos a Dionisio Moreno, abogado de Mohamed Aziz, cuyo caso desembocó en la "histórica" sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el sistema español de desahucios, Cortés ha dicho que esa resolución judicial "marcó un antes y un después, poniendo de relieve que sólo en Andalucía se habían producido más de 80.000 desahucios ilegales y dando a la gente una herramienta poderosa para defender sus derechos".

A su juicio, sin ese fallo "no habrían quedado en evidencia todos los gobiernos que permitieron que la directiva europea de protección de los derechos de los consumidores, de 1993, no fuera traspuesta a nuestro ordenamiento, y seguramente tampoco se hubiera producido después la petición por parte del Parlamento europeo de la dación en pago a sus Estados integrantes".

"Es la gente comprometida, dispuesta a defender una sociedad más justa, a dar un sentido social a su trabajo, la que genera cambios a mejor", ha afirmado Cortés, que ha añadido que el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, aprobado por el Gobierno andaluz en abril, partía de una premisa que repiten insistentemente los activistas en defensa del derecho a la vivienda: "La resignación no está justificada".

"Es posible cambiar las cosas y sí hay alternativa. Son palabras que, seguramente, el abogado Dionisio Moreno compartirá", ha añadido la responsable andaluza, para quien, aunque algunas movilizaciones no logren sus objetivos en primer término, "ninguna es baldía".

"El Gobierno y la mayoría que lo soporta en el Congreso abortaron la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y por la dación en pago, pero ni el trabajo de colectivos como la PAH, ni el millón y medio de firmas que avalaban la propuesta han caído en saco roto", ha dicho Cortés, que ha recordado que el Gobierno se ha quedado ya "solo" en su "empecinada negativa" a frenar los desahucios y aceptar la dación en pago, cuando incluso el Parlamento europeo y el Banco Central Europeo "le están dando continuos tirones de orejas".

Deuda de la sociedad

Cortés ha destacado que el Club de Debates Urbanos ha combinado "inteligencia y compromiso" en la elección de Moreno como premio al Compromiso Urbano Individual, así como de la Plataforma Eurovegas como premio al Compromiso Urbano Colectivo y del primero ha destacado su "gran trabajo y tesón impresionante".

A su juicio, el abogado ha trabajado teniendo claro que "sí se pueden cambiar las cosas" y la sentencia lograda ha venido a "descorrer la cortina de qué es lo que pasa en España con la no protección de los ciudadanos frente a entidades financieras o las cláusulas abusivas".

La consejera ha ensalzado que sin Moreno, Aziz y el juez mercantil de Barcelona José María Fernández Seijoó, que preguntó al tribunal si las normas que permitieron a CatalunyaCaixa expulsar a Aziz de su casa cumplían la legislación europea, "este fallo jamás se hubiera producido y estaríamos mucho más a oscuras". "La sociedad está en deuda con ellos", ha señalado.

"Es la sociedad civil, con sus reivindicaciones y su lucha, la que abre los debates decisivos, los que marcan el rumbo de una sociedad, y la que conquista los derechos y los protege. Las instituciones debemos hacer todo lo posible por dar poder y cauces de participación democrática a esa sociedad civil", ha concluido Cortés.

"un primer paso para cambiarlo todo"

Por su parte, Moreno ha valorado el resultado de su trabajo como el logro de "una escoba con la que limpiar pisos" y ha abogado por "conseguir más". "Es un trabajo muy largo pero hay muchas personas que aportan iniciativas", ha ensalzado el abogado, consciente de la relevancia de este "gran paso", que es "el primero de muchos para cambiarlo todo".

Moreno también ha subrayado que la aplicación de la sentencia es otro "duro trabajo" porque detrás "hay muchos intereses económicos" y responde a una normativa que lleva cien años aplicándose, pro lo que, "cambiarla de golpe cuesta mucho". "El que tenía la escoba quiere recuperarla o que si se barre le queden parcelas de poder o privilegio", ha concluido.