La resolución, además, hace responsable al alcalde  de que detenga las obras, lo que hizo ayer a las 13.30 h, momento en el que comunicó dicha resolución a la empresa Corsan-Corviam.

La sentencia se sostiene en que la normativa –Plan General de Ordenación Urbana– no permite hacer aparcamientos en el casco histórico. Sin embargo, ya se ha cambiado por el procedimiento adecuado el PGOU para que todo sea legal, aunque falta publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia.

¿A partir de ahora?

Ahora hay que esperar a que entre en vigor la nueva normativa. Luego, la empresa debe presentar otra vez los proyectos de construcción y urbanización para que el Ayuntamiento los apruebe y también solicitar la licencia ambiental. Este proceso, si va rápido y sin interferencias, podría llevar un mes y medio, según fuentes municipales.

«Política de tierra quemada»

Los colectivos que denunciaron el aparcamiento, Ecologistas en Acción, IU y la federación de vecinos Antonio Machado culpan al alcalde de llevar a cabo una política urbanística de hechos consumados porque sabe que las sentencias no llegan hasta después de cinco o diez años, sin posible solución. Se oponen a construir parkings públicos en el casco histórico porque atraen circulación. No les importaría que fuese para los residentes del entorno.