El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado la nueva reforma legislativa que abre la posibilidad de conceder autorizaciones provisionales a viviendas con sentencia de derribos, a la que se ha abstenido el PSOE y apoyado PP y PRC y que para el Gobierno regional supone un "giro copernicano".

Así lo ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien ha subrayado que, según sus previsiones, va a permitir conceder en menos de un año entre 400 o 450 autorizaciones provisionales a la mayor parte de las viviendas con sentencia de derribo que puedan tener cabida en los nuevos planes urbanísticos de los municipios.

El hecho de que esta reforma de la Ley del Suelo no haya salido adelante con el consenso de todos los partidos con representación parlamentaria supone una diferencia con la reforma que anuló el Tribunal Constitucional que establecía la obligación de indemnizar antes de demoler y que se aprobó por unanimidad.

"pragmática" y "participativa"

El consejero, que considera que la aprobación de esta ley es un "motivo para la esperanza" y "la ilusión", ha defendido en el Pleno que se trata de una ley "pragmática " que, aunque no supone la resolución definitiva del problema es un "instrumento muy útil" para "avanzar" en una solución, y "participativa" que se ha "mejorado sustancialmente" durante la comisión de trabajo creada con todos los grupos parlamentarios para analizar e introducir aportaciones que mejorasen el proyecto de ley del Gobierno regional.

El consejero ha agradecido la "colaboración" de todos los grupos y "especialmente" las "aportaciones" del grupo popular y del regionalista y la "intención siempre positiva" del PSOE, al que, sin embargo, se le han rechazado nueve de las diez enmiendas presentadas al texto por parte de PP y PRC.

A las enmiendas de los socialistas, también se ha referido el diputado ' popular' Íñigo Fernández, que ha opinado que las enmiendas de los socialistas "no van al corazón del asunto" ni cuestiona las autorizaciones provisionales como nueva figura.

Fernández, que ha vuelto a recordar las razones por las que su grupo rechaza las enmiendas de los socialistas, ha afirmado que "no puede entender" que tras varias reuniones sobre el proyecto de ley el grupo socialista no haya dado a conocer el sentido de su voto.

El diputado ha advertido a los que, a su juicio, están "en el ámbito de la discrepancia", que "harían bien" en votar a favor de la ley pues, a su juicio, lo otro sería un "gran error". Sin embargo, esta recomendación de Fernández no ha sido seguida por los socialistas.

Ha opinado que, con su actitud, el PSOE parece que quiere "quedar bien" con los propietarios de las viviendas y con ARCA "a la vez" y les ha pedido que "se mojen" y aclaren con quién están como cree que han hecho populares y regionalistas pues, en su opinión, la "ambigüedad es muy mala compañera" en un conflicto y "al final quedarán más con todos".

En cambio, en relación a las aportaciones del PRC, este diputado ha opinado que han permitido incluir modificaciones "muy importantes " que han contribuido a dar "mucha más consistencia" y "solidez" al proyecto de ley del Gobierno regional.

Ha mantenido que, en este caso, el "esfuerzo por el diálogo" ha dado "frutos" y ha instado a "tomar nota para el futuro" y a "encontrar más oportunidades de trabajo conjunto en beneficio" de los cántabros.

Sin dudas de inconstitucionalidad

Por su parte, el consejero ha señalado que, en su opinión, esta ley "no plantea dudas de inconstitucionalidad" y va a ser "muy difícil" que eso se puedan presentar pues en esta ley "se conjugan" y se "refundan" los tres principios y pilares que se buscaban: un pleno respeto a la ley y al ordenamiento, el respeto a las sentencias y a las decisiones judiciales y el respeto a los derechos de los afectados, de los propietarios y de los demandantes.

Aunque el PRC ha considerado que "sería mejor" que se hubiera introducido alguna propuesta mas de su grupo, ha opinado que esto "no incide en una cuestión de ilegalidad o de inconstitucionalidad" y ha explicado que se aceptado que no se incluyan porque, a su juicio, era "muy bueno" llegar a acuerdos.

Su portavoz, Rafael de la Sierra, ha subrayado que, este caso, su grupo ha dejado "aparcados" los intereses partidistas para avanzar en una solución a este problema, dejando aparcado el quedar "mas o menos bien" para sacar adelante un "instrumento adecuado".

Al igual que el consejero, De la Sierra ha opinado que la solución definitiva llegará con la aprobación de las revisiones de los planes generales de ordenación urbana de los municipios con viviendas con sentencias de derribo y ha defendido la necesidad de que se creen "sistemas de ayudas" a los consistorios y criterios de "exigencia" porque, a su juicio, "ahí esta la clave" de la eficacia de la ley.

Sin embargo, ha subrayado que se debe dar solución a "todos" los afectados, con lo que la aprobación de ley es un "punto y seguido" y "van a seguir trabajando" en ello.

"abre de nuevo el conflicto"

Por su parte, los socialistas han destacado que "no han obstaculizado" la ley, sino que la han "facilitado" y ha lamentado que no se hayan tenido en cuenta sus enmiendas en las que piden, entre otros aspectos, que los ayuntamientos con sentencias de derribo reserven un mayor porcentaje al patrimonio municipal del suelo; que no se puedan pedir autorizaciones provisionales de oficio o que no se incluya en la ley la gratuidad de las autorizaciones, no, porque no estén de acuerdo, sino porque no es competencia de la comunidad autónoma.

También ha lamentado que el PP no haya atendido su solicitud de pedir un informe al Consejo de Estado sobre si una figura como la autorización provisional basada en una reforma del plan general de ordenación urbana de un municipio aprobada sólo inicialmente es "suficiente" para "retrasar" la ejecución de una sentencia de derribo.

Además, el diputado socialista Miguel Ángel Palacio ha advertido de la concesión de las autorizaciones provisionales no será "pacífica" pues "abre de nuevo el conflicto" entre, por un lado, las administraciones y los afectados y, por otro, ARCA, por lo que ha considerado mas adecuado que se hubiera llegado a un acuerdo entre las partes.