Los familiares de Gumersinda Colmenero y de su hijo Jesús, fallecidos en el derrumbe del Cabildo, que han pedido indemnización por secuelas padecen un "duelo patológico", según la médico forense que ha declarado como perito en el juicio.

Este "duelo patológico" proviene tanto de la pérdida de sus parientes como de su propia vivienda ya que L.G.C. y F.G.C., dos de los hijos de Gumersinda y por tanto hermanos de Jesús, residían en otra vivienda del inmueble siniestrado, tres pisos más abajo que en la que vivían los fallecidos. Con ellos vivía JC.H., marido de L.G.C.

Tanto la médico forense como otra perito judicial que han realizado un informe sobre sus secuelas han coincidido en que los tres sufren un trastorno ansioso depresivo como secuela del derrumbe. Además, en el caso del hijo, F.G.C., se le reconoce también una lesión dorsal.

En el caso de JC.H., marido de la hija de Gumersinda, se indica, sin embargo, que lo que el trastorno ansioso depresivo que sufre es un agravamiento de una psicopatía previa que, con el derrumbe, "se descompensa".

A preguntas de una de las partes, la forense ha considerado que las secuelas que padecen son "compatibles" con la vivencia de derrumbe y, en este caso, el duelo habitual que sufren normalmente las personas que han vivido un suceso y una pérdida similar se ha convertido en "duelo patológico" que se han "cronificado".

Para ello, establece que F.G.C. necesitó para "estabilizar", que no sanar, de sus secuelas 556 días impeditivos, mientras que para su hermana L.G.C. se fijan 168, también no impeditivos, y para su cuñado, JC.H., 60 impeditivos y 60 no impeditivos.

Estas cifras son similares a las consideradas por la perito de parte que les ha valorado, salvo en el caso de JC.H. para el que establece en 364 los días para estabilizar la secuela y considera que los 120 de la médico forense son "muy pocos".

BIENES

Además, en la penúltima jornada del juicio de El Cabildo, han declarado dos peritos judiciales que han realizado la valoración de los bienes que se encontraban en las viviendas siniestradas y han señalado que "nada les llamó la atención" en los datos que aportaron los afectados por el derrumbe y "no había nada" que no considerasen propio de una vivienda o del bajo que se usaba como almacén de una tienda de ropa de ceremonia.

Sólo en un caso no han tenido en cuenta una relación de material de oficina de uno de los propietarios de una de las viviendas pues, a su juicio, "no era lógica" que existiera tal cantidad en un piso que tenía una superficie inferior a los 40 metros cuadrados.

Por otra parte, en el caso del bajo almacén, y aunque "no pueden certificar que sí estaba" el volumen de prendas que aseguran los propietarios —unas 400 valoradas en 282.000 euros más 56.400 de IVA más el recargo de equivalencia y 48.871 más por pérdida de beneficios—, consideran que la cantidad en que se han cuantificado se "ajusta al mercado".

En contraposición a la información aportada por otros propietarios, que ha sido "muy genérica" y "escasa", han señalado que en el caso de los del almacén se han aportado "muchísimas facturas".

Los peritos judiciales incluyen el IVA más el recargo de equivalencia pero no la pérdida por beneficios, si bien han explicado que sólo es así porque consideran que está fuera de su labor realizar esa estimación. A ellos, se ha unido otro perito auditor que realizó un valoración de las existencias el mismo día del derrumbe. Éste ha certificado el IVA que reclaman los propietarios del bajo y también consideran "indemnizable" la pérdida de beneficio.

Además, ha considerado "absolutamente normal" para una tienda de ropa el margen de beneficios que reclaman los propietarios.

Este perito también ha confirmado, como los dos anteriores, que ha tenido acceso a copia de las facturas de las prendas para realizar sus informes, que también poseen algunas partes en este juicio pero no todas, y tampoco la juez.

Esto ha provocado que se haya dedicado tres cuartos de hora en buscar esta documentación que no se halla entre la remitida por parte del juzgado de instrucción al de lo Penal. Sin embargo, se ha aceptado la existencia de esas facturas y se aportará copia a las partes que no lo tengan.

En el juicio, los peritos no se han puesto de acuerdo a la hora de valorar el inmueble porque mientras los dos peritos judiciales han calculado el valor de reposición (lo que costaría volver a construirlo, algo que no es posible actualmente en ese solar) y lo han fijado en 277.000 euros, uno de la Sociedad de Tasación ha tenido en cuenta el valor de venta, que, lo ha cuantificado en 780.000 porque incluye "la repercusión del suelo en el inmueble".

En el escrito provisional del Ministerio Fiscal antes del juicio, se pedían unos 900.000 euros en indemnizaciones para los afectados por el derrumbe, que es lo que se está dirimiendo pues lo relativo al ámbito penal ya ha quedado resuelta por un acuerdo parcial alcanzado por las partes.