La Delegación del Gobierno en Baleares ha creado un protocolo de actuación para combatir el uso de punteros láser contra los aviones del que formarán parte miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y las policías locales de Palma y Calvià.

Tras varias reuniones impulsadas desde Delegación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervendrán de forma preventiva contra la venta y el uso de dispositivos ilegales y perseguirán este tipo de infracciones tras el aviso de los pilotos, según ha informado la delegación en un comunicado.

Desde el pasado mes de abril, la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, ha impulsado una serie de reuniones con los diferentes cuerpos policiales, ayuntamientos de Palma y Calvià, Aeropuerto de Palma, Torre de Control y Navegación Aérea para atajar las incidencias generadas por punteros láser en el aterrizaje de los aviones.

En los últimos años se han incrementado los problemas provocados por este tipo de instrumentos láser en las cabinas de los aviones, lo que supone un evidente peligro para las aeronaves que aterrizan en las Islas.

Medidas concretas

El protocolo aprobado y que será trasladado a los aeropuertos de Menorca e Ibiza, incluye medidas preventivas como la retirada de tiendas y almacenes de los dispositivos láser que no cumplan la legislación vigente, y la actuación a nivel policial desde el aviso que realizan los propios pilotos afectados.

La hoja de ruta aprobada incluye la baremación de la gravedad de la incidencia como primer paso, la localización de ésta — la Torre de Control ha creado un mapa histórico de las incidencias de este tipo— y la posterior denuncia del infractor.

Por último, se incluye la actuación contra los dispositivos láser de salas de fiesta que también pueden incumplir la normativa y que, de la misma forma, afectarían a los aviones que aterrizan en los aeropuertos baleares.

Tras la última reunión celebrada este viernes en la Delegación del Gobierno de Baleares, el protocolo ha incluido la participación del servicio 112 de la Conselleria de Administraciones Públicas así como la Conselleria de Economía y Competitividad en la retirada y posterior destrucción de los dispositivos que no cumplan la legalidad.