La concejal de Hacienda, Promoción Económica, Turismo y Asociaciones, Dolors Subirats, será la nueva alcaldesa de Rasquera (Tarragona) tras la renuncia al cargo de Bernat Pellisa, que formalizará este viernes su decisión a las 19 horas en un pleno municipal una vez fracasado su plan para plantar marihuana en terrenos del municipio para salir de la crisis.

"La voluntad es de continuidad con todo lo que hemos hecho hasta ahora porque hay muchos proyectos iniciado y ahora la gestión es necesaria", han expresado ambos en la rueda de prensa de este jueves donde Pellisa ha explicado su salida.

El mismo Pellisa ha recordado que, cuando se convocó la consulta popular sobre la plantación de marihuana en el municipio, se comprometió a dejar de se alcalde si el plan no obtenía un apoyo del 75%, y el resultado fue de un 57%.

Su renuncia llega también después de que el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Tarragona anulara su contrato para abastecer a un club de fumadores barcelonés y la creación de una empresa pública de investigación sobre el cannabis.

La Abogacía del Estado de Tarragona presentó el 30 de marzo de 2012 un recurso contra los acuerdos municipales después de analizar la viabilidad del proyecto, justificándolo en que el Ayuntamiento carecía de competencias para impulsar una plantación de cannabis.

Después de más de un año de proceso, el juzgado ha anulado la creación de la entidad pública empresarial de promoción económica y social de Rasquera —Rasquerana de Investigación e Interpretación de la variedad vegetal Cannabis Sativa (RRICA)— y el contrato privado con la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (Acbda).

El proyecto, con el que el consistorio preveía obtener 650.000 euros anuales, consistía en alquilar terrenos agrícolas de Rasquera a Abcda la para el cultivo de cannabis, con la intención de abastecer a los más de 5.000 socios de este club de fumadores barcelonés, y la creación de la RRICA para hacer investigación en la variedad de Cannabis Sativa.

El consistorio prevé recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque creen que hay interés público para mejorar la situación económica del municipio, investigar sobre las posibilidades medicinales de la marihuana y en la reducción de riesgos del consumo.

El objetivo, según Pellissa, es que el TSJC marque jurisprudencia en este ámbito, y ha añadido que el recurso de apelación será el último paso judicial que el consistorio llevará a cabo, por lo que se acatará lo que dicte el tribunal.