Los portavoces municipales de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Pablo Durán y Francisco Tejada, han presentado este lunes dos demandas ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía en las que acusan al gobierno municipal de cometer supuestas "actuaciones irregulares" en la celebración de la semifinal de la Copa Davis, que tuvo lugar en Córdoba del 16 al 18 de septiembre del año 2011.

En una rueda de prensa, Durán ha explicado que si se han presentado las demandas ha sido por la "pésima y negligente" gestión, "en algún caso dolosa", por parte del equipo de gobierno y que el alcalde, José Antonio Nieto, tiene "la responsabilidad por las últimas declaraciones que hizo" ante las preguntas de los portavoces cuando se pidió la comparecencia en el pleno de marzo.

Y es que, asegura que en aquel pleno lo que eran dudas sobre el convenio y aplicación del mismo "se convirtieron en certezas" porque "una tras otra fue reafirmando todas desde el punto de vista justo que no podía ser realidad", como la "no justificación de un pago sin acreditar de más de 669.000 euros a la Real Federación Española de Tenis (RFET)" y "la confirmación de que no se habían controlado todos los ingresos de los bares de la plaza de toros", por lo que, "nunca podremos saber el balance de ingresos y gastos".

En este sentido, subraya que "fueron sus propias afirmaciones en el pleno las que al final han dado como consecuencia que las dudas se hayan mantenido y no se hayan aclarado", algo que espera que ocurra con el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía, a lo que añade que "esto no es una revisión del evento deportivo, sino que ha sido una calamitosa gestión del equipo de gobierno amparada y rubricada por el alcalde".

Mientras, Tejada en otra rueda de prensa ha comentado que "multitud" de expedientes de la gestión de la Copa Davis tienen reparos de la Intervención, algo que es "bastante grave", igual que "pagar 660.000 euros sin ningún papel, porque se promocionó la ciudad y salio en las televisiones y precisamente por eso se han pagado también 700.000 euros en mecenazgo", ha subrayado.

De este modo, critica que "no se ha visto ni un euro de los ingresos de las barras de la plaza de toros", al tiempo que "no se ha presentado ningún papel", y en consecuencia, a su juicio, "el alcalde ha permitido que se le pagara a la Real Federación dinero sin justificar y que se exploten barras y el Ayuntamiento no vea ni un solo euro".

Las demandas

Según ha adelantado 'Diario Córdoba', las demandas pretenden poner de relieve que el convenio firmado por el Ayuntamiento y la Real Federación Española de Tenis y la gestión administrativa del mismo "pudieran constituir algún ilícito penal", y giran en torno a tres cuestiones: el IVA del canon, la justificación de los gastos de protocolo y promoción y la explotación de los bares.

Respecto al primer tema, la demanda recoge que el Ayuntamiento se comprometió con la RFET al pago de 700.000 euros en concepto de canon de mecenazgo y por tanto exento de IVA. La interventora general del Ayuntamiento realizó hasta tres reparos para advertir al PP que debía consultar a la Dirección General de Tributos si repercutía el IVA en esta operación o no.

El segundo tema también contó, según la demanda, con varios reparos de la interventora por considerar que no quedaba suficientemente justificado el pago de 670.000 euros a la RFET en concepto de protocolo. "El señor alcalde —dice la demanda— sabía que la RFET no había presentado justificantes de gasto de la factura y que así se lo había manifestado y reiterado la Intervención General del Ayuntamiento en sus informes. Con todo, mediante decreto, levantó el reparo y siguió con la tramitación injusta, no ajustada a derecho, del pago de la factura".

Y por último, el escrito denuncia el posible incumplimiento de la cláusula del convenio con la RFET en la que se recogía que el 50 por ciento de los ingresos netos de las barras instaladas en la plaza de toros serían para el Ayuntamiento. La RFET declaró que "las barras no habían generado ningún ingreso neto del Ayuntamiento". PSOE e IU se preguntan por qué no se pidió a la federación que justificase esa afirmación documentalmente ya que "extraña mucho que no se obtuviesen beneficios". Además, la demanda considera que "la pertinaz conducta del señor alcalde podría incurrir en prevaricación".