La Fiscalía de Huelva ha pedido una multa de 30 euros, a razón de tres euros durante diez días, por una falta de desobediencia a la autoridad a los sindicalistas del SAT que se han sentado este martes en el banquillo ante el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva tras ser detenidos el pasado mes de octubre en Gibraleón después de ocupar una sucursal bancaria en la localidad mientras participaban en la marcha obrera convocada por el sindicato 'Andalucía a Pie'.

Por su parte, su letrada ha pedido la absolución o, en todo caso, que la multa descienda a 20 euros, algo a lo que la Fiscalía se opone porque en este caso "impidieron el normal desarrollo de la actividad" de la sucursal.

Durante el juicio, en el que han declarado cinco de los ochos acusados, estos han coincidido en que "entraron pacíficamente en un acto de protesta simbólico", así como que "escucharon la orden de la Guardia Civil de que abandonaran la entidad pero que no obedecieron al ser una marcha reivindicativa" indicando además que "no opusieron resistencia cuando fueron detenidos".

A su vez, uno de ellos ha remarcado que "no empujaron a la vigilante de seguridad", a lo que ha añadido que "no estuvieron más de cinco minutos en la sucursal".

Por su parte, el agente de la Guardia Civil que realizó el servicio ha indicado que recibieron el aviso por parte del director de la oficina y una vez allí "se les ordenó que revocaran su actitud porque estaban cometiendo un delito a lo que no obedecieron, negándose en todo momento a abandonar la entidad".

A los diez minutos, según ha recordado, fueron detenidos sin oponer resistencia y sin despreciar a la autoridad judicial, no obstante ha hecho hincapié en que por estos actos "el banco paralizó su actividad".

En la exposición de los informes finales, su letrada ha solicitado la absolución, al igual que en el caso de Málaga, provincia donde también ocuparon una sucursal bancaria y la sentencia fue absolutoria, pero la fiscal ha rebatido que en ese caso "no impidieron el normal desarrollo de la sucursal y en el caso de Huelva sí", no obstante ha indicado que la entidad "no ha presentado acciones legales ni civiles". A su vez, ha indicado que los sindicalistas "contaban con el permiso para realizar la marcha, pero para ocupar una sucursal".

Por su parte y en declaraciones a los periodistas en la puerta de la Audiencia, el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha insistido en que espera una sentencia absolutoria al igual que en Málaga.

A su vez, ha recordado que el sindicato cuenta con 650 imputados, una petición de multa que asciende a los 400.000 euros y una petición de cárcel que se aproxima a los 60 años, no obstante ha remarcado que espera que "ningún trabajador ni ningún parado vaya a la cárcel porque deben ir los culpables de la crisis".