El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes prorrogar, hasta diciembre de 2015 y por un importe total de 146,3 millones, los contratos de los servicios integrales de guarda, reeducación e inserción de menores infractores en los centros de internamiento de la comunidad autónoma, vigentes desde 2010.

Estas prestaciones las llevan a cabo entidades sin ánimo de lucro especializadas en la materia, que bajo la supervisión de la Consejería de Justicia e Interior ejecutan anualmente alrededor de 1.800 medidas privativas de libertad impuestas por los juzgados de menores.

Los contratos se refieren a la gestión del servicio tanto en ocho centros ubicados en inmuebles propiedad de la Administración autonómica como en otros seis que aportan las propias entidades adjudicatarias. En el primer caso, la cuantía es de 101,48 millones de euros y en el segundo de 44,81. En total se financian 749 plazas, 522 en centros de la Junta y 227 en el resto.

Los centros de internamiento de menores infractores en Andalucía cuentan con programas de intervención para el cumplimiento de medidas judiciales en régimen cerrado, semiabierto y abierto, así como de tipo terapéutico relativas a drogodependencias y salud mental. Además, la comunidad autónoma dispone de programas para la ejecución de las medidas no privativas de libertad a través de los Servicios Integrales de Medio Abierto, Centros de Día y Grupos Educativos de Convivencia.

Las contrataciones autorizadas hoy por el Consejo de Gobierno se unen a las formalizadas el pasado mes de abril, por un importe total de 22,26 millones hasta 2017, para la ejecución de las medidas judiciales sin internamiento correspondientes a los Servicios Integrales de Medio Abierto.

Entre ellas, se incluyen las relativas a libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, arresto de fin de semana y tratamiento ambulatorio.