Un centenar de trabajadores de la Administración de Justicia en Cantabria se han concentrado este martes en la sede judicial de Las Salesas, en Santander, para protestar contra las reformas del ministro Alberto Ruiz Gallardón.

Los trabajadores, convocados por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAJ, han portado pancartas con lemas como 'La justicia no se vende, se defiende', 'No a la privatización de los registros civiles' y 'Sin justicia no hay derechos'.

El portavoz del CSIF, Javier Jordán, ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el ministro está "despreciando" con sus reformas el trabajo que realizan los 60.000 empleados de la administración de Justicia en España, unos 750 en Cantabria.

Además, los sindicatos auguran que la puesta en marcha de estas reformas puede "poner en peligro" 15.000 puestos de trabajo en España y 100 en Cantabria.

Jordán ha criticado que, a su juicio, lo que quiere hacer Gallardón "no son reformas" sino "un desmantelamiento" de la Justicia, al que los sindicatos se oponen "radicalmente" porque creen que va a traer "pérdida de puestos de trabajo" y va a "empeorar la calidad" de este servicio a los ciudadanos.

Así, ha explicado que los sindicatos de Justicia han enviado cartas al ministro Gallardón para hacerle propuestas que buscan "mejorar" el servicio de la administración, pero, hasta el momento, consideran que las propuestas "sólo" están siendo "ninguneadas" por el equipo ministerial, lo que en su opinión muestra que "no hay voluntad" de negociar.

"Gallardón se comprometió en 2012 a informar y negociar. De la información nos enteramos por los medios de comunicación y negociación de las grandes reformas, ninguna", ha afirmado Jordán.

Sedes judiciales

El portavoz de CSIF, preguntado por las palabras del ministro de que no va a desaparecer ninguna sede judicial, ha ironizado con que "las matemáticas no han cambiado". Así, ha indicado que Gallardón dice que va a crear Tribunales de Instancia en las capitales de provincia, pero "no ha dicho que va a hacer con el resto de juzgados y con las agrupaciones de paz".

A este respecto, Jordán ha recordado que estas últimas son la administración judicial "más cercana al ciudadano" y para la que los sindicatos creen que el "futuro" que les "reserva" Gallardón es "bastante negro".

"Creemos que los Tribunales de Instancia pueden estar bien, pero que hay que complementarlos con una serie de medidas complementarias", ha dicho Jordán, que ha ensalzado, entre ellas, "la potenciación de los juzgados de paz y aprovechar sus recursos".

Y es que CCOO, UGT, CSIF y STAJ creen que "en tiempos de crisis hay que aprovechar el potencial del capital humano de la administración de Justicia". "Somos personal muy bien formado, especializado y que podemos hacer muchas más cosas, por lo que lo único que pedimos es que se nos reconozca ese trabajo", ha apostillado.

Registros civiles

Por otro lado, los sindicatos están "muy preocupados" ante la "privatización" de los registros civiles, así como Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Notificación, que, en su opinión, el Ministerio pretende llevar a cabo "en favor de unos colectivos profesionales que han actuado de 'lobbies' en las reformas".

Si estas "privatizaciones" se llevan a cabo, va a suponer un "incremento de costes" para los ciudadanos que "tendrán que pagar por unos servicios que ahora reciben de forma gratuita" y que, según Jordán, no irán "en ningún caso" en la dirección de una "mejora".

"Al registro civil le hacen falta muchos medios porque es la hermana pobre de la sobrina pobre de la administración pública de Justicia, y el problema es que no se han aportado esos medios durante decenas de años", ha criticado.

En esta línea, ha considerado que si los registros "hubiesen contado con los medios informáticos de los que presumen los registrados y con el personal necesario, tendríamos unos registros civiles modernos y eficaces dentro de la administración".

Ante ello, los sindicatos han avanzado su propuesta y es que "hay capital humano suficiente" en la administración para, con unos sistemas informáticos "adecuados", para hacer funcionar los registros civiles y los actos de comunicación.