Los sindicatos de la Junta de Personal Docente han firmado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria la reclamación judicial de la paga extraordinaria que los funcionarios dejaron de percibir en el mes de diciembre de 2012.

La "escasa cuantía" de las cantidades a percibir si prospera la reclamación (del orden de 500 euros) hace que una reclamación individual por parte de los afectados resulte económicamente inviable, dadas las "exorbitantes tasas judiciales" a pagar. Por ello, las organizaciones sindicales correrán con los gastos de estas reclamaciones judiciales que, si son atendidas, se podrán extender de forma gratuita a todos los demás funcionarios.

En un comunicado de ANPE, explica que entiende que las pagas extraordinarias no suponen ningún tipo de "regalo" o prebenda que pueda retirarse "a voluntad de los gobernantes", sino que se trata de una parte de las retribuciones normales de los trabajadores.

Retirar una paga extraordinaria supone, en la práctica, una bajada de sueldo de cerca del 7% anual, que se suma a las continuas congelaciones y reducciones de retribuciones que los funcionarios han venido sufriendo ininterrumpidamente en los últimos años, señala.

Por otro lado, ANPE Cantabria recuerda que, en la fecha de entrada en vigor de la norma por la que se retiraba la paga extraordinaria de diciembre de 2012, los funcionarios ya habían devengado 44 días de dicha paga, por lo cual la norma supone "un ejemplo claro y flagrante" de una ley con efecto retroactivo, cosa prohibida en nuestro ordenamiento jurídico.