Un grupo de 26 trabajadores de la antigua fábrica de Uralita en Dos Hermanas (Sevilla) que resultaron afectados por el amianto acudirán este lunes y el martes 11 de junio al primer juicio colectivo por la vía civil contra la empresa, a la que reclaman 2,2 millones de euros de indemnización por los daños causados que provocan enfermedades y en algunos casos fallecimientos.

Actualmente hay 80 extrabajadores de Uralita de Dos Hermanas con expedientes abiertos, de los que 26 están citados en este primer proceso en los juzgados de lo Social de Sevilla a un juicio contra la empresa por las enfermedades contraídas por la exposición continua al amianto en su trabajo, considerado altamente cancerígeno, sin adoptar las medidas de seguridad pertinentes.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) de Andalucía, Antonio Delgado, que ha indicado que a este primer grupo de trabajadores se unirán otros 25 extrabajadores que tienen su juicio en octubre, ha explicado que este es el primer juicio colectivo por la vía civil, y espera que se resuelva de la misma forma que los juicios individuales, por la vía laboral, de manera favorable a los trabajadores.

Las diversas vías judiciales en el caso de Uralita se iniciaron en 2003, aunque la vía civil se inició en concreto en 2010 "aunque hasta 2013 no nos han dado fecha para el juicio, y en estos años han fallecido cinco compañeros". Han recordado que desde el año 2005 ya no se utiliza el amianto en las fábricas pero todavía quedan residuos por lo que la asociación de afectados exige un trabajo de prevención.

Los trabajadores han iniciado que este lunes estarán acompañados por trabajadores afectados por amianto procedentes de Italia y de América del Sur y creen que finalmente sus reclamaciones "acabarán en Bruselas, donde todos los afectados de Europa nos uniremos". "Si no quieren escucharnos, no atienden nuestras peticiones tendremos que elevar nuestras quejas. Esto no es un juego de niños, que el amianto mata no es una frase hecha", ha dejado claro Delgado.

Uralita, que inició su actividad en Sevilla en 1939, estuvo abierta hasta 1998. Delgado ha indicado que especialmente la primera parte de actividad de la empresa, el 70 por ciento de empleados eran mujeres "y muchas de ellas murieron de cáncer de mama o de ovarios, que nunca se vincularon con la manipulación de amianto".

Estos afectados reclaman al Gobierno central la creación de ese fondo económico para las víctimas del amianto y han aprovechado para reclamar la creación de un registro de afectados a nivel andaluz, para lo que piden reunirse con el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y con la consejera de la Presidencia, Susana Díaz.

Los representantes de la empresa Uralita han asegurado que "siempre" se cumplió en su fábrica de Sevilla con la legislación vigente sobre utilización del amianto. Según indica la empresa en una nota, Uralita realizó inversiones en materia de seguridad e higiene y creó una comisión interna sobre esa problemática antes de que existiera la normativa específica sobre amianto.

La compañía informa que, tal y como ha manifestado ante el juez, "siempre ha desarrollado su actividad cumpliendo estrictamente con toda la legislación vigente en materia de amianto; fue de las primeras empresas que, adelantándose a la legislación, adoptó voluntariamente diversas medidas de prevención en 1977, cinco años antes de que entrara en vigor la Ley española de 1982 y seis años antes de que aparecieran las recomendaciones al respecto de organismos tan relevantes como OIT (Organización Internacional del Trabajo) y CEE (actual UE)".

Uralita ha resaltado que "desde mucho antes de la implantación de la normativa específica, se realizaron inversiones en materia de seguridad e higiene" y creó una comisión interna de seguimiento de esa problemática, la Comisión Nacional del Amianto de Uralita, "precursora de la que luego se creó por la Administración, recibiendo felicitaciones por parte de esta última en relación con sus servicios de prevención y control, como  servicios médicos o equipos de medición, entre otros servicios".

Ha explicado que Uralita comenzó a trabajar en la sustitución de este producto en sus fábricas "antes de la entrada en vigor de la normativa europea de 1999 y española de 2002 sobre prohibición de uso y comercialización de productos con amianto", un proceso que culminó en mayo de 2002 y supuso "la instalación de nuevas tecnologías que permitían fabricar productos sin amianto".

La secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC OO-A, Nuria Martínez, considera "histórico" este juicio colectivo, donde "se pide responsabilidades a la empresa" a la vez que "se visibiliza a las víctimas y afectados por amianto". Martínez ha recordado que el asunto del amianto y Uralita "históricamente ha sido muy importante para el sindicato, que desde hace 40 años empezó a denunciar el riesgo de exposición al amianto, por lo que este juicio es algo histórico para los trabajadores de este país".

Ve "importante" asimismo que "se visualice y reconozca a todos los trabajadores que han estado expuestos al amianto, donde el período de latencia "es muy largo y pasan años y años hasta que se manifiesta; pasan muchos años antes de que dé la cara la enfermedad". Por ello, CC OO considera necesario que "se inscriban en el registro de las administraciones públicas todos los afectados y se haga un seguimiento de la salud y se pueda diagnosticar la enfermedad cuanto antes".

En ese sentido, ha precisado que "en Andalucía hasta hace muy poco los trabajadores afectados por amianto y registrados en la Junta ascendían a 1.800, pero gracias a la bolsa de localización de Navantia en la Bahía de Cádiz hay 10.500 afectados más". Considera que hasta ahora se había producido una "invisibilización de esos trabajadores y familiares que han estado expuestos y a los que la enfermedad les empezará a dar la cara en el futuro".