El Gobierno del Principado considera que el anteproyecto de ley de evaluación ambiental que prepara el Ejecutivo central supondrá un retroceso en la protección y rebajará la participación pública prevista en los diferentes procedimientos de evaluación del impacto ambiental de proyectos.

En este sentido, la Administración autonómica es partidaria de que se mantengan las consultas previas actualmente obligatorias en los procedimientos de evaluación ambiental, que permiten el contacto temprano entre promotores y autoridades, además de posibilitar la participación del público interesado en una fase preliminar de las actuaciones. La eliminación de estas consultas podría suponer el incumplimiento de normas internacionales como el Convenio de Aarhus.

La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, que este lunes ha participado en la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en Madrid, ha transmitido al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, su desacuerdo con gran parte del contenido del anteproyecto de ley. La propuesta estatal tendrá carácter de legislación básica y, por tanto, la normativa autonómica deberá adaptarse a ella.

La titular de Medio Ambiente también ha expresado su temor en relación con los bancos de conservación de la naturaleza, una figura recogida en el texto del anteproyecto que, a su juicio, podría favorecer "la especulación con los recursos naturales, sustrayéndolos a la propiedad colectiva".

Los bancos de conservación de la naturaleza tienen por objeto que se puedan compensar, reparar o restaurar las pérdidas de valores naturales derivadas de cualquier actividad que provoque daños ambientales. Funcionarían como títulos otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente a quienes promuevan en determinados terrenos actuaciones de creación o mejora de activos naturales y podrían ser adquiridos en el libre mercado, sirviendo para compensar cualquier impacto ambiental, para cumplir con las obligaciones en materia de evaluación ambiental, responsabilidad medioambiental o sobre la biodiversidad.

Belén Fernández sostiene que "una vez que estos bancos entren en funcionamiento, ya no existirán trabas para declarar ningún proyecto ambientalmente inviable, porque si las hubiera, el problema lo resolverá el mercado, proveyendo créditos de valor ambiental equivalente al daño a causar".

El gobierno autonómico pide cautela

El Principado solicita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que extreme la cautela con una regulación que, en definitiva, pondría precio a la naturaleza y conllevaría una mercantilización del medio ambiente.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico también ha mostrado su disconformidad con el hecho de que la Administración General del Estado pueda obligar a las comunidades a hacerse cargo del seguimiento de proyectos tramitados en el ámbito competencial estatal sin ningún tipo de contraprestación económica o acuerdo de colaboración expreso.

Ante la controversia que ha despertado la propuesta legislativa, el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que ampliará en quince días el plazo establecido para formular alegaciones al texto. Por su parte, la consejera de Fomento ha reclamado sensibilidad ante las propuestas planteadas desde el Principado de Asturias.