El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha anunciado este lunes que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad autónoma que han anulado por no ser "conformes a Derecho" los nombramientos de los subdirectores generales de Fomento y de Juventud y Deporte, Carolina Pérez y Manuel Coronado, respectivamente.

El Ejecutivo local ha argumentado en un comunicado que entiende que dispone de "argumentos jurídicos favorables a su manera de actuar". "Esta forma de proceder —ha recordado— es la misma que el Gobierno adoptó cuando tuvo conocimiento de la sentencia del Contencioso Administrativo [número 2] en referencia al nombramiento de la subdirectora general de Empleo, Adelaida Álvarez". El Gobierno autonómico también mantiene recurrida ante el TSJA la anulación de su director general de Finanzas y Presupuesto, José Diestro.

A juicio del Ejecutivo local, "igual es la manera de proceder porque igual es el argumento que sustenta esa decisión: consideramos que está dentro de la capacidad de autogobierno que tiene conferida la designación de altos cargos que no sean funcionarios".

El Gobierno del PP también ha "recordado" que durante esta legislatura ha realizado un "esfuerzo" para "ajustar a la realidad del momento su estructura y la del personal eventual de confianza". "No en vano —ha resaltado— éste último se ha reducido en un 60% y los altos cargos son un 25% menos que en 2011, lo que en términos presupuestarios significa un 30% menos".

En sus sentencias sobre Pérez y Coronado, el Juzgado va más allá del hecho de que ambos no sean funcionarios para anular sus nombramientos. De hecho, asume que "no cabe ninguna duda sobre la competencia de municipios de gran población como Ceuta para proceder al nombramiento de personal directivo" pero advierte de que ello "debe hacerse respetando siempre que su designación atenderá a criterios de méritos y capacidad e idoneidad".

Desde su punto de vista "no es concebible que se pretenda nombrar para ningún cargo público y menos para los de importancia a quienes no posean los méritos suficientes para desempeñarlos, sean funcionarios o no, debiendo ser elementos objetivos vinculados a los cometidos propios de una Dirección General los que debe estimar el Consejo de Gobierno para servirse de la excepción prevista para apoyarse en los méritos de una determinada persona que no es funcionario para nombrarla".