El juicio a once personas, entre los que se encuentra un agente de la Guardia Civil, por pertenecer supuestamente a una red acusada de introducir en agosto de 2011 más de 3,6 toneladas de hachís por el puerto de Isla Cristina (Huelva), ha quedado visto para sentencia tras la exposición de las conclusiones de la defensa de Anselmo Sevillano —considerado el supuesto cabecilla—, ejercida por el letrado Manuel Macías de la Corte, el cual ha pedido la absolución por falta de pruebas directas y de indicios racionales de criminalidad sobre la participación de su cliente en los hechos.

En esta cuarta y última sesión del juicio, el abogado de Sevillano, considerado por la Fiscalía y Policía Nacional como uno de los mayores narcotraficantes de Europa, ha remarcado que "no cualquier sospecha ni cualquier 'blanco y en botella' es indicio racional de criminalidad".

Macías de la Corte, en su informe final, ha analizado todos los indicios que apunta la Fiscalía para acusar a su defendido y ha concluido que "no hay indicios racionales de criminalidad" contra Sevillano que permitan enervar el principio de presunción de inocencia, en cuanto al delito de tráfico de drogas, por el que el Ministerio Fiscal piden seis años y nueve meses de cárcel.

A su vez, ha lamentado que el tribunal de la Sección Segunda desestimara en la primera sesión del juicio la nulidad de las intervenciones telefónicas, que solicitó este letrado, ya que sigue convencido de que "la instrucción fue nula".

También ha pedido la absolución por los delitos de falsedad documental al considerar que existe "un vacío de principio acusatorio".

Cabe recordar que el pasado viernes la fiscal del caso retiró los cargos a una de estas personas imputadas y rebajó en al menos un año las penas a los cincos que se conformaron con los hechos pero no con los años de prisión que se les imponía, y retiró para todos los imputados el delito de pertenencia a organización criminal. Por ello, Sevillano se enfrenta ahora a una petición de condena de once años y nueve meses.