El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha reclamado este lunes un nuevo sistema de financiación "claro y transparente" y que aporte más recursos a las comunidades autónomas, que sostienen la sanidad, la educación y los servicios sociales, ya sea "por ampliación de la cesta de impuestos o por incremento de los porcentajes de gestión".

En una conferencia titulada 'La necesaria reforma del sistema de financiación', en los Desayunos Informativos de Executive Forum, Ossorio ha enumerado un decálogo de condiciones que debería reunir el nuevo sistema de financiación, al que, además de las ya mencionadas, hay que añadir un reparto "ecuánime" del IVA y de los impuestos especiales.

Asimismo, ha considerado que hay que mantener la "solidaridad" en el sistema, aunque, a su juicio, "no puede ser que si este año Madrid ha perdido 1.000 millones de euros del sistema de financiación haya tenido que aportar 3.000". Así, ha defendido la solidaridad, pero ha añadido que esos "excesos" no deben plantearse.

Por otro lado, Ossorio ha propuesto que se premie a las comunidades "austeras, que cumplen con el objetivo de déficit, que generan más dinamismo en su economía". En este sentido, ha dicho que es necesario "incentivar que las comunidades autónomas quieran crear riqueza en sus regiones, que no estén subvencionadas".

Igualmente, ha abogado por "un único sistema de financiación" para las comunidades autónomas de régimen común y ha advertido de que "no es el momento de hacer modelos específicos para nadie", así como por "revisar el principio de lealtad institucional", que en este momento está muy orientado "en beneficio de la administración del Estado".

A su entender, el principio de lealtad institucional tiene que ser "más justo con las comunidades autónomas y con el Estado". Por otro lado, ha considerado que se debe "avanzar en la colaboración y gestión tributaria entre la administración del Estado y las comunidades autónomas".

Respecto al Régimen Foral, Ossorio ha constatado que, desde el punto de vista económico, es posible por la dimensión reducida de las regiones en las que se aplica con relación al PIB nacional, pero "si se aplicase a una región económicamente grandes, el sistema quebraría".

También a este respecto, ha señalado que "la aplicación práctica del Régimen Foral origina que dos comunidades autónomas ricas, que disfrutan de una financiación muy superior al resto, no participen en los instrumentos de solidaridad", mientras, a su entender, "sería bueno" que lo hicieran y se puede "acometer", ya que la Constitución no dice nada al respecto.

Tras explicar que la necesidad de una reforma del sistema de financiación proviene, en primer lugar, del hecho de que el actual expira el 31 de diciembre de 2013, Ossorio ha afirmado que "ha resultado ser un auténtico despropósito, injusto, incoherente, habiendo conseguido, además, la unanimidad de todas las comunidades en cuanto a la necesidad de su reforma".

"En lo único que ha conseguido este sistema poner de acuerdo a todas las regiones es en lo perjudicial que resulta", ha apostillado Ossorio, quien ha recordado que en la Conferencia de Presidentes todas "coincidieron en la necesidad de modificarlo", para lo cual se ha creado un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha pedido se convoque "cuanto antes".

Ossorio ha rechazado tanto "la forma" como "el fondo" del actual sistema de financiación, que fue pactado de forma "bilateral" entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y el tripartito de Cataluña, y ha asegurado que un sistema de financiación "no se puede hacer al impulso de la imposición de una región".

Según Ossorio, el sistema de financiación se elaboró para cumplir con el Estatut "al menos en el papel", por lo que, al no recortar la solidaridad, hubo que ofrecer a Cataluña algo a cambio, 3.800 millones de euros, que se repartieron entre 2.800 millones de euros a través del sistema de financiación y 1.000 millones de euros a través de la revisión de antiguas transferencias, que fueron las de los Mossos d'Esquadra y las cárceles.

Así, el consejero madrileño ha sostenido que mientras que el sistema de financiación podría haber beneficiado a Madrid, ya que Cataluña y Madrid son dos regiones muy parecidas desde el punto de vista poblacional y recaudatorio, el Gobierno central no estaba dispuesto a que Madrid ganara 2.500 millones de euros, porque "políticamente no lo podían aceptar y además no les cuadraban las cuentas".

En consecuencia, "la necesidad de beneficiar a Cataluña en el actual modelo de financiación como consecuencia del pacto alcanzado entre el Gobierno de España y el tripartito catalán originó que se retorcieran los mecanismos de cálculo de la financiación para que Madrid no se beneficiara en la misma medida, algo que unido a los errores de aplicación supone que cada año la Comunidad de Madrid pierde 2.473 millones de euros", ha explicado Ossorio.

A este respecto, ha desglosado las "trampas" del sistema de financiación actual, al que se ha referido como "una maraña de fondos y reglas incomprensibles", como es el caso del Fondo de Competitividad, un instrumento que nació con vocación de reducir las diferencias en financiación per cápita que, a su juicio, quedó completamente desvirtuado al introducir un límite de capacidad fiscal que hace que la Comunidad pierda cada año más de 700 millones de euros. Además, según sus cálculos, la incidencia de la evolución de los ingresos tributarios en el Fondo de Suficiencia hace que la Comunidad pierda cada año otros 154 millones de euros.

Otro de los elementos que, según Ossorio, se emplearon para frenar la ganancia de recursos para los madrileños fue el de corregir la población real por la población ajustada a la hora de calcular la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales, lo que significó que Madrid viese descender su población en 362.000 personas y supone una pérdida de 135 millones al año.

En el ámbito concreto de la sanidad también ha resaltado que al tomar como referencia la población ajustada, Madrid llega a perder 634.000 habitantes del cómputo, debido al sistema de siete tramos de edad, lo que en términos económicos conlleva un perjuicio anual de 259 millones de euros. Asimismo, en materia de dependencia, se rompió con el criterio de usuario potencial utilizado desde siempre en el sistema de financiación y se sustituyó por el de dependencia reconocida, con lo que se penalizó nuevamente a la Comunidad con 95 millones anuales menos.

Además, para Ossorio, la metodología usada para repartir la recaudación del IVA e impuestos especiales, que resta a Madrid 1.128 millones de euros cada año.  Por otro lado, ha señalado que la evolución errática del modelo de financiación ha provocado la pérdida de 1.000 millones de euros para Madrid en las entregas a cuenta para 2013.

Respecto a esto último, ha recalcado que sólo Madrid y Baleares han visto reducida su financiación mientras la del resto de comunidades ha crecido y se ha preguntado cómo es posible que Madrid pierda si su PIB ha crecido 7 décimas más que el de España en 2009, 8 décimas más en 2010, un punto más en 2011 y 1,2 puntos más en 2012 y la tasa de paro es 7 puntos inferior a la de España, y siendo la primera comunidad en creación de empresas y que más inversión extranjera recibe.

Más allá de lo que perjudica a Madrid, ha señalado que uno de los principales problemas del actual modelo afecta a la financiación per cápita, debido a que hay una diferencia de 1.000 euros entre la región mejor financiada y la peor financiada. Según sus cálculos, la mejor financiada recibe 2.600 euros y la peor poco más de 1.600 euros, con una media nacional de 1968 euros.