La Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba, Construcor, que ha celebrado este viernes su primera Asamblea General tras la elección de Pedro Giménez Fuentes-Guerra como su nuevo presidente, ha llegado a la conclusión, tras analizar la situación del sector en la provincia, de que "las perspectivas de recuperación de la actividad son inciertas".

Según ha informado Construcor, en el curso de la Asamblea General se ha dado cuenta de las gestiones que se han realizado con el conjunto de las administraciones públicas para restablecer la actividad en el sector en la provincia de Córdoba, sobre todo en el apartado de la inversión en infraestructuras, ya que "las cifras de licitación colocan a Córdoba en el último lugar del conjunto de las provincias andaluzas, con una cifra de 87,38 euros por habitante mayor de 16 años, cuando la media en Andalucía se sitúa en 132,13 euros".

En relación con ello, Construcor opina que "los políticos que representan los intereses de Córdoba no parece que estén suficientemente comprometidos para terminar con éste injustificado descenso de la inversión pública en la provincia, no solo para paliar así su negativa repercusión sobre el mercado laboral, sino también para ejecutar de una vez las dotaciones, equipamientos e infraestructuras tanto tiempo aplazadas".

Pago a proveedores

En cuanto al nuevo plan de pago a proveedores que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene previsto aprobar para finales del presente mes de junio, por parte de los constructores se va a pedir a la Secretaría de Estado del Ministerio que ponga fin a este tipo de instrumentos financieros, ya que, "tanto la Junta de Andalucía, como la mayoría de los ayuntamientos andaluces están acostumbrándose a no cumplir con sus obligaciones de pago en la confianza de que el Estado atenderá finalmente su abono, sin tener en cuenta que éste sistema tiene un coste financiero que a medio plazo terminará por lastrar sus capacidades de inversión, con el riesgo además de empeorar la calidad de los servicios que tienen la obligación de prestar a los ciudadanos".

Para que los costes de esta decisión no repercutan sobre las empresas, los constructores propone "que el abono de las facturas, una vez transcurrido el plazo máximo que prevé la Ley, se realice directamente por el propio Ministerio de Hacienda y que su importe se detraiga de las transferencias que, tanto la Junta de Andalucía como los ayuntamientos reciben de su participación en los tributos del Estado".

VIVIENDA

En cuanto a la evolución del sector de la edificación residencial, las perspectivas, a juicio de Construcor, "son de estancamiento, hasta tanto no se corrijan los desequilibrios causados por una burbuja financiera, que no inmobiliaria, sin precedentes".

En este sentido, los constructores han recordado que el próximo lunes "está prevista una reunión con los Servicios Técnicos de la Sareb, pues es hora ya de que se clarifique qué va a suceder con los activos en poder de los promotores, que las entidades de crédito intervenidas han cedido a dicho organismo, ya que no se conoce su plan de negocio ni qué protocolo de actuación va a seguir".

Por otra parte, y más allá de las declaraciones sobre la necesidad de reorientar la actividad hacia el alquiler y la rehabilitación, "lo cierto es que no existe un plan integral que comprometa la intervención de las empresas públicas y ayuntamientos hacía la creación de un parque público de vivienda social en alquiler".

Así, "aunque el Plan Estatal de Fomento del Alquiler y la Rehabilitación aprobado por el Ministerio de Fomento contiene unas directrices claras para reorientar la actuación en materia de vivienda de las comunidades autónomas, ayuntamientos y sus entes públicos instrumentales, lo cierto es que las iniciativas de las que se tiene conocimiento responden a los mismos parámetros de la situación anterior: priorizar la intervención de la iniciativa pública en el segmento de la edificación de viviendas para su venta. Es decir, el necesario e imprescindible ajuste del sector público corre el riesgo de convertirse en una falacia, pues ya sabemos a qué conducen este tipo de iniciativas: obtener recursos económicos con los que atender gastos corrientes improductivos".