UPA ve un aumento de la incertidumbre en torno al futuro del trasvase Tajo-Segura

Denuncia el lento proceso de negociación en torno al "memorándum", la ausencia de Castilla-La Mancha en el mismo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) considera que aumenta la incertidumbre sobre el funcionamiento futuro del trasvase Tajo-Segura, "por cuanto la situación de partida para la negociación del famoso memorándum ya supuso importantes cesiones, el ritmo de las reuniones no parece ser el adecuado para cumplir los plazos y no se conocen avances en las cuestiones prioritarias objeto de negociación".

UPA-Murcia continúa considerando incomprensible que como punto de partida de negociación del memorándum el Gobierno de la Región de Murcia no haya cuestionado el mínimo de 400 Hm3 de reservas en la cabecera del Tajo para que puedan ser trasvasadas aguas a la Cuenca del Segura, "máxime cuando esta cifra no parece sustentarse en estudios e informes técnicos".

A este respecto, UPA-Murcia reitera su respeto a la prioridad de la cuenca cedente, pero señala a continuación que los límites a las aguas que pueden ser trasvasadas no pueden ser impuestos por una exigencia política frente al rigor técnico y solicita al presidente del Scrats, José Manuel Claver, que así se posicione en las reuniones que mantenga junto a los responsables del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia.

Precisamente, para UPA-Murcia resulta también sorprendente que representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no participen en las reuniones del memorándum, en lo que parece ser una decisión estratégica para reservarse la posibilidad del "veto territorial" a las conclusiones que pudieran alcanzarse y posicionarse finalmente en la literalidad del Proyecto de Plan de Cuenca del Tajo, actualmente en plazo de información pública y que condiciona la viabilidad futura de los trasvases.

UPA-Murcia recuerda que aunque el "memorándum de entendimiento" establece que el grupo de trabajo del mismo "se constituirá tras la firma del memorándum y deberá entregar sus propuestas a la Administración General del Estado en un plazo máximo de tres meses a contar desde su constitución", se tardó un mes tras la firma para constituir dicho grupo de trabajo y éste ha celebrado sólo una reunión.

Así, los avances sobre temas fundamentales, como la gestión de los desembalses de la cabecera del Tajo, la definición de la gestión del ATS mediante una Ley específica o el ya mencionado de la reserva no trasvasable de 400 Hm3 son inexistentes, lo que dificulta la existencia de un compromiso antes de que finalice el plazo de presentación de alegaciones a la propuesta de Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo.

UPA-Murcia declara asimismo encontrarse sorprendida por la "condescendencia" con que el Gobierno regional está actuando en este asunto de vital importancia para Murcia, en contraste con la beligerancia mostrada en anteriores ocasiones ante cualquier iniciativa que supusiera una modificación del Plan de Cuenca del Tajo que conllevara un endurecimiento de las condiciones para poder trasvasar agua a la Cuenca del Segura.

Asimismo, "sorprende el rechazo de la Asamblea Regional de Murcia, mediante la mayoría absoluta del Partido Popular, a la reciente petición realizada conjuntamente por las tres Organizaciones Profesionales Agrarias (UPA, Asaja y Coag), de dotarse de un instrumento (Comisión parlamentaria, ponencia) a través del cuál conocer la opinión de los distintos colectivos de la Región de Murcia (agrarios y no agrarios) sobre el borrador del nuevo Plan de la Cuenca del Tajo y hacer análisis y valoración para alcanzar un Pacto Regional por la supervivencia y continuidad del Trasvase Tajo-Segura en condiciones que no limiten al sector agrario y la economía regional".

Por todo ello, UPA recuerda que en torno al futuro Plan del Tajo y a la conclusión de las negociaciones del memorándum "se está jugando el futuro económico de la Región de Murcia y muy especialmente el de los agricultores y el conjunto del sector agroalimentario", por lo que quienes han sido promotores y son actores del proceso de "entendimiento" tímidamente iniciado tienen la obligación de ofrecer certidumbres "y no sólo declaraciones grandilocuentes a la sociedad murciana porque esta, mayoritariamente, lejos de ver el actual proceso como garantía de futuro, asiste a él con preocupación".

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