La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha insistido este jueves en reclamar al Gobierno de España que "aborde junto a la Junta de Andalucía el futuro del ferrocarril y de las infraestructuras existentes" en la comunidad.

Cortés se ha referido así a las reiteradas peticiones que su departamento ha trasladado al Ministerio de Fomento para evitar que "desmantele" la red de líneas y servicios de Media Distancia en Andalucía, "un recorte que pretende justificar con un plan llamado eufemísticamente 'de racionalización' del sector, cuando es puramente de supresión", y que afecta en la comunidad autónoma andaluza a siete líneas interregionales y regionales, con 72 circulaciones semanales. Este plan "ignora por completo los efectos socioeconómicos de la prestación de estos servicios", por lo que la consejera ha pedido al Gobierno que "frene el desmantelamiento del servicio público ferroviario".

A su juicio, la supresión de estos servicios es "la antesala de la privatización de Renfe, objetivo último de toda esta operación de inspiración thatcherista". La consejera ha recordado que en 2011 los servicios de Cercanías fueron declarados de obligación de servicio público (OSP), pero los trenes regionales quedaron excluidos de la OSP, aunque fueron garantizados hasta finales de 2011, después prolongada dicha declaración hasta finales de 2012 y posteriormente hasta junio de 2013.

"En ese proceso fue acordado que los servicios ferroviarios prestados por trenes regionales deberían ser analizados por el Ministerio, junto con las comunidades autónomas, para establecer el ámbito de OSP", ha explicado la consejera, para quien urge "que el Ministerio acepte lo acordado y deje de ignorar a la comunidad andaluza, donde la sociedad, a través de plataformas ciudadanas, sindicatos y usuarios, está mostrando su absoluto rechazo a los recortes en defensa de un servicio fundamental para la cohesión territorial".

"Es el momento de apostar por el tren como medio de transporte sostenible, no de desmantelarlo ni de intentar hacer cundir falsas ideas sobre su supuesta ineficacia", ha reclamado Cortés, ya que considera que "justificar una reestructuración en aspectos meramente contables no responde a las verdaderos criterios que sustentan la declaraciones de una obligación de servicio público", cuya evaluación se basa en determinar razones medioambientales, sociales y económicas". "Ahorro de emisión de gases, de costes externos derivados de la existencia de un servicio, precio, calidad, seguridad y frecuencia son los criterios básicos para una obligación de servicio público y los trenes regionales en Andalucía responden claramente a estas prestaciones", ha subrayado la consejera.

Ha recordado las reuniones mantenidas con el Ministerio en distintos niveles para tratar este asunto, "donde la respuesta ha sido siempre la misma: que asumamos el coste de una Obligación de Servicio Público de los Servicios Ferroviarios de Media Distancia, mientras que Madrid continúa con la asfixia financiera a los andaluces". "No es de recibo que cuando pedimos al Ministerio que cumpla con su obligación, la respuesta sea que nos hagamos cargo nosotros, cuando son perfectamente conscientes, aunque no les guste, de que el Gobierno andaluz ya está realizando un enorme esfuerzo por la protección de los derechos sociales y los servicios públicos", ha dicho.

Por ello, ha insistido en que es "imprescindible que el Ministerio asuma su responsabilidad", y ha exigido al Gobierno central que "se retracte y garantice la continuidad de las siete líneas interregionales y regionales, así como que mejore la calidad y cantidad de los servicios ferroviarios".

Cortés ha repasado los servicios afectados por el plan de reestructuración del sector, que son la línea Huelva-Jabugo, Sevilla-Llerena, Córdoba-Bobadilla, Algeciras-Ronda, Granada-Linares (donde se incluyen dos líneas: Granada-Moreda y Moreda-Linares) y Almería-Linares.

"sesión de victimismo"

Por su parte, la diputada de IU Inmaculada Nieto ha señalado que "no hay nadie que argumente el beneficio de suprimir líneas ferroviarias" y más teniendo en cuenta, según ha explicado, que "se comparte que el ferrocarril es medioambiental y socialmente mejor, que crea puestos de trabajo". De manera que ha señalado que el Gobierno central está dando "pasos en contra" de lo que "nadie discute".

De igual manera, la diputada del PSOE María Nieves Masegosa ha apuntado que para el Gobierno "racionalizar significa suprimir y recortar servicios públicos" y ha advertido de que esto es un paso previo a la privatización de Renfe.

Asimismo, ha llamado la atención sobre el nivel de aislamiento al que llegaran los municipios que se vean afectados por la racionalización de estas líneas.

Por último, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha criticado la "sesión de victimismo" llevada a cabo en la comisión por parte de IU y el PSOE con "la complacencia" de la consejera y ha llamado la atención sobre la "manipulación" de los números al comparar la población potencial a la que llegan las líneas ferroviarias y el uso real de las mismas.

Tras afirmar que racionalizar no es suprimir ha detallado una lista de líneas ferroviarias que no alcanzan el viajero por kilómetro y ha pedido no caer en "demagogia" para hablar este asunto.