El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba acoge este jueves el juicio a Jaime Jiménez Arbe, conocido popularmente como 'El Solitario', acusado de atracar en 2003 una sucursal bancaria en la localidad cordobesa de Pozoblanco, de donde supuestamente se llevó más de 30.000 euros. Por este hecho, la Fiscalía Provincial pide que le impongan penas que suman ocho años de prisión.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, a las 14,28 horas del 26 de marzo de 2003, 'El Solitario' entró en la sucursal de la calle Doctor Fleming del citado municipio, ocultando su rostro tras una peluca, un bigote y una barba postizos de color negro, momento en el que utilizó un revólver y supuestamente encañonó a una cajera, al tiempo que le conminó a entregarle todo el dinero que en esos momentos tuviera en el mostrador.

Posteriormente, se dirigió a otra cajera en los mismos términos, cogiendo el importe del que ésta disponía en su cajetín, y, luego, se fue hacia un tercer empleado de la entidad, al que por el mismo procedimiento sustrajo el dinero que guardaba en el submostrador. Todo el dinero del que se iba apoderando lo metía en un maletín, ascendiendo la suma total a 30.788 euros.

Una vez conseguido su propósito, Jiménez Arbe salió de la sucursal bancaria y emprendió la huida en un vehículo, al que previamente le había colocado sendas placas de matrícula duplicadas, que pertenecían a otro coche, dándose a la fuga. 'El Solitario' no fue localizado por la fuerza pública hasta el mes de julio de 2007, cuando en dos registros domiciliarios en las localidad madrileñas de Pinto y Las Rozas le intervinieron distintas armas, entre ellas el revólver utilizado en el atraco de Pozoblanco.

En este sentido, según considera la Fiscalía, los hechos acontecidos en la localidad cordobesa son constitutivos de un delito de robo con intimidación, con la agravante de uso de armas u objetos peligrosos y el uso de disfraz, por el que solicita cinco años de prisión; un delito de tenencia ilícita de armas, por el que pide un año y seis meses de cárcel, y un delito de falsificación de documento oficial, por el que pide otro año y seis meses de prisión y multa de 2.700 euros.