El presidente de UCE-Asturias, Dacio Alonso, y la concejala de Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, Trinidad Ordiz, han presentado este miércoles unas jornadas informativas que comenzarán la próxima semana para ayudar a las familias a eliminar la cláusula suelo de las hipotecas en base a la argumentación del Tribunal Supremo.

En Asturias se estima que hay unas 15.000 hipotecas con suelo. Por ello, la UCE pone en marcha esta campaña en toda la comunidad, que arrancará en Oviedo con tres sesiones en centros sociales. Y es que según Dacio Alonso, esta cláusula abusiva, con un suelo del orden del 3%, supone para una hipoteca media de 125.000 euros a 25 años un incremento de las cuotas mensuales de entre 130 y 140 euros, cuando el Euribor está por debajo del 0,5%.

"Las familias no se pueden beneficiar de la bajada actual del Euribor", lamenta señalando que en Oviedo hay unas 5.000 familias en esta situación. Por ello, Dacio Alonso califica de "inaceptable e inasumible" este tipo de prácticas en un estado de derecho. "No vale todo", añade, rechazando la "impunidad del sistema financiero".

Al respecto, la concejala ha resaltado la importancia de concienciar a los ciudadanos, con iniciativas como esta, para que miren bien la "letra pequeña" antes de firmar contratos y sepan como reclamar sus derechos llegado el caso.

Riesgos de la venta a domicilio

En la misma línea, Ayuntamiento y UCE también llevarán a cabo otras tres sesiones informativas en junio sobre los riesgos de la venta a domicilio para los mayores. Alonso alerta de que se trata de "un fraude en toda regla" que vendedores jóvenes se aprovechen de personas mayores para acceder a sus domicilios y presionarles para que adquieran productos "que no necesitan" por importes que oscilan entre los 1.000 y 3.000 euros, en muchos casos.

Así, ante lo que considera un "auténtico drama social", espera que estas sesiones, junto con las actuaciones que regularmente desarrolla la UCE, sirvan para advertir a las familias de que los mayores no deben dejar entrar en sus casas a quienes no hayan concertado cita previa consentida. "No se trata de picaresca, supone un delito en toda regla", sostiene el presidente de la UCE.

Igualmente, Dacio Alonso señala la importancia de actuar con rapidez para anular esos contratos ya que de lo contrario se acaba pagando "con intereses de usura". Así, indica que se debe revocar el contrato en el plazo legal de 7 días a través de burofax.