El socialista José de Mier, exdelegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz que este martes ha declarado en calidad de testigo de la acusación en el juicio por el 'caso Rilco', ha asegurado que "en ningún momento" le enseñaron "ninguna transacción comercial de Rilco, ni ninguna factura por transacciones comerciales" realizadas en el periodo comprendido entre que el proyecto estuvo terminado entre finales de 2002 y 2004, cuando él tomó posesión.

Asimismo, ha asegurado que "la única intención" de las acciones iniciadas y que derivaron en la querella que ha dado lugar a este procedimiento era "enterarnos de todo ese lío, qué es lo que era aquello". Ha dicho que había cuestiones que no le "sonaban bien, ni olían bien", por lo que se optó por "debatir el tema fuera de la Zona Franca" y llevarlo ante la justicia para "saber la verdad".

Afirma que cuando él llegó a la Zona Franca Rilco funcionaba "como una empresa que se dedicaba a hacer trabajos informáticos para la Zona Franca" y que tenía también contratos con los ayuntamientos de Cádiz, Rota y Ceuta para informática de procesos administrativos, sobre todo en lo referente a licencia de obra pública. Ha incidido en que "el 98 por ciento" de la facturación de Rilco era por cuestiones informáticas y no relativas a transacciones comerciales con el exterior.

Preguntado por la defensa sobre si dio alguna orientación para que el portal Rilco se cerrara, ha dicho que no pudo "cerrar ninguna puerta sencillamente porque no se abrió". Ha incidido en que la intención inicial no era cerrar, como entiende que demuestra que "conservamos la dirección, los técnicos, no se anularon contratos y nos hicimos cargo de los gastos".

"el origen"

Cabe recordar que el 27 de julio de 2005 se celebró un Consejo de Administración de Rilco en el que se acordó iniciar la querella que ha dado lugar a este procedimiento y que se basaba en un informe elaborado por la Abogacía del Estado. Dicho informe fue presentado el 7 de marzo de 2005 y aconsejaba encargar una auditoría tecnológica de Rilco antes de presentar la querella.

Según ha expuesto De Mier, él tomó posesión de su cargo a final de mayo de 2004 "sin mucha idea" de qué era una Zona Franca. No obstante, debido al cargo, tenía una relación "muy directa" con la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, que envió "un alto funcionario" en los meses de junio, julio y agosto de ese año para elaborar un informe de la Zona Franca.

Ese alto funcionario siguió, según dice, pidiendo documentación en los meses posteriores y en diciembre emitió un informe de 90 páginas, once de las cuales analizaban Rilco "con una rotundidad extraordinaria" e informaban de hechos con "muchísima significación" de posible naturaleza penal.

Se ha referido a ese informe como "el origen de todo", siendo el que motivaría posteriormente el de los abogados del Estado. Tras las protestas de los abogados de la defensa —fundamentalmente las de los exdelegados del Estado acusados Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna—, el presidente de la Sala ha impedido a De Mier leer el citado informe, ya que no obra en el procedimiento, si bien le ha permitido hacer referencias al mismo y consultarlo.

Asegura De Mier que, aunque pudiera no constar en el acta correspondiente, ese informe "se repartió a cada miembro del Comité" en la reunión en que se decidió el inicio de la querella. En este sentido, en declaraciones a los periodistas al término de su comparecencia ante la Sala, ha asegurado que lo entregó "en mano" a la presidenta del Consorcio de la Zona Franca y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martíez (PP), aunque ésta le dijo sobre el informe: "Esto yo no lo quiero".

Auditoría tecnológica

En lo que respecta a la auditoría tecnológica previa a la querella que aconsejaba la Abogacía del Estado, De Mier ha explicado que la encargó inicialmente a la empresa Idom, a la que se facilitó la documentación y elaboró un informe de "cuatro o cinco páginas" que el testigo consideró "insuficiente". Así, se le pidió a dicha empresa que elaborase un informe más extenso pero ésta no quiso, por lo que se solicitó que lo hiciese a Sadiel, empresa que tiene "200 ingenieros industriales", negándose también.

No obstante, dice De Mier que fue en esta última empresa donde le recomendaron que recurriesen a la Universidad de Sevilla, la cual habría desarrollado trabajos previos en ese sentido, encargándole finalmente la citada auditoría.

La defensa del exdelegado de la Zona Franca Miguel Osuna ha puesto el énfasis en el escaso tiempo transcurrido entre que la Abogacía del Estado recomendó la auditoría y que, unos tres meses después, ya se tuviera la de la Universidad de Sevilla con dos intentos previos fallidos —con Sadiel y con Idom—.

También ha dicho De Mier que desconocía que tuviera "problemas" con Osuna José Aurelio Sánchez Piña, el abogado del Estado que redactó la querella y que ejerce de acusación en este procedimiento.

A preguntas de las defensas, el testigo también ha dicho desconocer el motivo por el cual no figuran en el procedimiento certificados sobre trabajos entregados por Miami Free Zone a Rilco. Asimismo, entiende que sería la Abogacía del Estado la que, en todo caso, habría hecho alguna selección de la documentación existente sobre Rilco.

En cuanto a José David Sánchez de la Medina, exconsejero delegado y exdirector general de Rilco encausado, ha señalado que su imputación es consecuencia de una ampliación de la querella realizada a raíz de una nota de la Agencia Tributaria relativa a una supuesta "anomalía" detectada en relación a una "entrada de dinero de una empresa hacia él que venía de Panamá". En consecuencia, se le abrió también un expediente informativo que "no se llegó a cerrar".

A preguntas de la abogada de éste último, ha reconocido que desconocía que esa nota fue "justificada" y el Ministerio Fiscal decidió no abrir causa contra él, con lo que, de habérsele pedido la documental en el marco del citado expediente informativo, podría no haberse realizado la ampliación de la querella que acabó incluyendo a Sánchez de la Medina en la presente causa.

Tono "politiquillo"

Una vez fuera de la Sala, De Mier ha señalado a los periodistas que, a su entender, se está buscando "más las formas que el fondo" en torno a este asunto, al que se está intentando dar "un tonito politiquillo". Ha destacado la "buena voluntad" que hubo durante su gestión para "intentar aclarar todo lo posible" ante unas "dudas tan grandes" que han llevado a esta situación.

Critica que se ha mantenido desde el PP una "estrategia" de que él es "el malo de la película que ha querido romper todo". Sin embargo, "esto no es un antojo de José de Mier, sino un problema muy gordo que detecta el Ministerio de Hacienda y la Abogacía General del Estado".

Ha negado un trasfondo político o intención de perjudicar al PP, ya que, en ese caso, no habrían recurrido a la Abogacía del Estado, sino a abogados "de cierto prestigio que se llevaran bien con este sistema", ya que "se podrían haber montado auténticos líos con el material que había".

Así, pese a que había "gente dentro del partido" que optaba por esa opción, al final se impuso la de "llevar la cuestión con la mayor discreción posible, aunque con transparencia y en condiciones".

Finalmente, al ser preguntado por las declaraciones hechas contra su persona por el acusado Manuel Rodríguez de Castro, que entre otras cuestiones le ha definido como "uno de los mayores sinvergüenzas de la política gaditana", ha contestado que lo que diga esta persona sobre él se la "trae al pairo" y que "no llega a molestarle" porque "no tiene el más mínimo de calidad humana" para ello.