La ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios –ley que algunos han llamado antidesahucios y que otros han criticado porque se queda corta– entró en vigor el pasado 16 de mayo. La ley establece la paralización de los lanzamientos de las viviendas durante dos años en caso de los colectivos más vulnerables o la posibilidad de reestructurar la deuda hipotecaria. La banca se da por enterada.

Y para ello, la patronal de los bancos españoles (AEB) y de las cajas de ahorros (CECA) se han comprometido a trasladar a sus respectivos socios la idoneidad de que expliquen a los deudores hipotecarios sus nuevos derechos, como la paralización de los desahucios. El compromiso lo han adquirido con la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que les había enviado una solicitud en ese sentido.

El Defensor del Pueblo recibió la respuesta de la Asociación Española de Banca (AEB) y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) el pasado viernes. En una comunicación conjunta, ambas asociaciones decían estar de acuerdo en la petición del Defensor del Pueblo y, por lo tanto, se comprometían a comunicar a las entidades la conveniencia de informar a sus clientes sobre los citados cambios.

La petición de Becerril se debe a que tal y como argumentó, "el problema no sólo está cuando el juzgado comunica el lanzamiento, sino desde el momento en que el cliente recibe del banco un escrito en el que se indica que, como lleva tres impagos de la hipoteca, se procede al lanzamiento", lo que provoca "el pánico familiar".

Pese al compromiso de la AEB y de la CECA, fuentes financieras han explicado que las entidades todavía no tienen constancia de ninguna comunicación por parte de sus patronales, aunque han recordado que ya hace muchos meses, antes de la aprobación de la norma, la banca no ha realizado ningún desahucio.

Las mismas fuentes han explicado que muchas entidades, tras la aprobación de la ley, avisaron a los clientes afectados y les explicaron que no se llevarían a cabo los desahucios. Otras, sin embargo, no tendrían la necesidad de enviar dicho comunicado informativo, ya que se encuentran en permanente contacto con el cliente para renegociar su deuda.

Tal y como establece la norma, aprobada por el Senado el 8 de mayo, los jueces pueden suspender los desalojos de viviendas si consideran que la hipoteca que firmaron los afectados para la compra de su piso incluye cláusulas abusivas.