La Guardia Civil ha detenido a las trabajadoras, así como al marido de una de ellas, de una tienda de telefonía móvil de una localidad del área metropolitana granadina, como presuntos autores de los delitos de estafa y usurpación de estado civil al haber presuntamente falsificado un total de 28 contratos para conseguir teléfonos móviles de alta gama que luego eran revendidos.

También han sido puestos a disposición judicial en calidad de imputados no detenidos el propietario del establecimiento y tres personas más, ya sea por haber adquirido varios de estos teléfonos a sabiendas de su procedencia, o por haber prestado su documentación para poder contratar la línea telefónica y más tarde denunciar que dicha documentación se la habían sustraído para así eludir pagar factura alguna, informa el Instituto Armado en una nota.

El pasado mes de abril una compañía de telefonía móvil denunció ante la Guardia Civil que habían realizado 28 contratos en la provincia de Granada, asociados todos a terminales de alta gama, y que la documentación personal de los supuestos clientes y los números de cuenta bancaria asociados a dichos contratos han resultado ser falsos.

El área de investigación del Puesto de Pinos Puente se hizo cargo de investigar las estafas denunciadas. Después de identificar el establecimiento en el que se realizaron los contratos, las pesquisas de estos agentes han conseguido identificar a los presuntos responsables: las dos trabajadoras de la tienda y el marido de una de ellas.

Éste último, que antes de ser detenido ya contaba en su haber con antecedentes policiales por falsificación de documentos, se encargaba de falsificar toda la documentación necesaria para contratar las líneas de teléfono; y las dos mujeres se encargaban de tramitar dichos contratos y de recibir los teléfonos.

Una vez que las detenidas recibían los teléfonos, estos eran vendidos inmediatamente, la mayoría de las veces a familiares de los arrestados. La Guardia Civil durante la investigación ha localizado tres de estos teléfonos móviles que estaban en poder de tres personas que los compraron de buena fe sin saber que su procedencia era ilícita.

Los teléfonos estaban funcionando con su contrato fraudulento hasta que la compañía intentaba cobrar la primera factura y al no poder los iba dando de baja. En ese momento los ahora detenidos liberaban el teléfono y lo ponían en funcionamiento con otra tarjeta de otra compañía telefónica, o incluso de la misma compañía estafada.

La compañía en su denuncia hizo constar que alguno de estos terminales llegó a consumir más de mil doscientos euros en un mes. Los tres detenidos y las cuatro personas imputadas, con edades comprendidas entre los 31 años y los 46, han sido puestos a disposición judicial.