El Gobierno estima que la Ley de Costas evitará que desaparezcan más de 2.400 viviendas en el litoral onubense

La reforma de la Ley de Costas evitará que desaparezcan 2.400 viviendas en la provincia de Huelva. Entre ellas, 1.962 viviendas que se salvan del dominio público terrestre al excluir la ley núcleos de población al considerarlos innecesarios para la protección de la costa. Se trata de terrenos antropizados --habitados y consolidados-- desde antes de 1988. Igualmente, la reforma, que entró en vigor este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que 500 viviendas se beneficien de la exclusión de núcleos de población del dominio público ubicadas en la zona de la Ría Punta Umbría, de Caño del Cepo y en el casco urbano de Isla Cristina.
Imagen de la playa del Espigón en Huelva.
Imagen de la playa del Espigón en Huelva.
EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE HUELVA

La reforma de la Ley de Costas evitará que desaparezcan 2.400 viviendas en la provincia de Huelva. Entre ellas, 1.962 viviendas que se salvan del dominio público terrestre al excluir la ley núcleos de población al considerarlos innecesarios para la protección de la costa. Se trata de terrenos antropizados —habitados y consolidados— desde antes de 1988. Igualmente, la reforma, que entró en vigor este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que 500 viviendas se beneficien de la exclusión de núcleos de población del dominio público ubicadas en la zona de la Ría Punta Umbría, de Caño del Cepo y en el casco urbano de Isla Cristina.

Según los datos facilitados a Europa Press desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, a su vez la ley permitirá preservar 19 hoteles que crean 1.600 empleos y facturan 19 millones de euros, así como 65 restaurantes y chiringuitos que ofrecen 1.825 empleos y facturan 16,9 millones de euros.

Por otro lado, la ley permitirá que 1.909 viviendas situadas en la Zona de Servidumbre de Protección puedan mejorarse y modernizarse, prohibiendo, en todo caso, en las obras de mejora un aumento de volumen, altura o superficie y evitando la degradación ambiental. Se trata de viviendas, que durante 25 años tuvieron prohibiciones de obras conforme a la Ley de Costas de 1988.

No obstante, desde el Ministerio de Medio Ambiente matizan que esta normativa "en ningún caso" supondrá que se vaya a permitir construir donde antes no se podía. De hecho, en esta zona se autorizarán las obras para mejoras y modernización "siempre que no impliquen un incremento ni en altura ni en volumen" de la edificación.

Se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas incorporar una regulación específica para luchar contra el cambio climático en la costa española, además de que impone al Ministerio de Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático de cara a mitigarlos.

Con la reforma se prohíben también nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protección. También se mantiene la prohibición de la edificación residencial en la costa y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.

La incidencia de la nueva Ley de Costas en el litoral redundará en su protección del litoral mediante la preservación de playas vírgenes, la prohibición de nuevas edificaciones y el mantenimiento de la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros, entre otros aspectos, así como la mejora de la seguridad jurídica para los propietarios de viviendas y la protección de instalaciones industriales y turísticas.

A su vez, con esta ley se mantiene la prohibición de edificación residencial en la costa y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.

También por Orden conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se determinará el procedimiento de identificación de los interesados a cuyo favor pueda efectuarse la transmisión y el negocio jurídico a través del cual deban efectuarse las transmisiones a sus ocupantes, de conformidad con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

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