La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado de nuevo más sanciones que impuso el Ministerio de Economía al grupo de exconsejeros de CajaSur, en la etapa previa a la operación de intervención ordenada por el Banco de España y ejecutada por el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) en 2010. En este caso, se trata de un total de 12 miembros designados por los partidos políticos de los que ha desestimado el recurso que habían interpuesto.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al proceso y ha adelantado la prensa provincial, después de que la sentencia de la AN desestima un recurso colectivo interpuesto por el grupo de 12 exconsejeros que representaban a las administraciones públicas —Diputación, ayuntamientos y Junta de Andalucía— en el consejo de administración de la entidad, y para los que la cuantía sumada de las sanciones alcanza un montante de 535.000 euros.

Entre los consejeros a los que la última sentencia mantiene las multas se incluyen dos exvicepresidentes, concretamente el vicepresidente primero, Salvador Blanco —PSOE, nombrado en representación de la entidad cofundadora, la Diputación—, y el vicepresidente tercero, Juan Ojeda —PP, nombrado en representación de la Junta de Andalucía—, a los que se ratifica la multa de 78.000 euros y 74.000 euros, respectivamente.

De este modo, los tres vicepresidentes que tuvo CajaSur en su última etapa han visto ratificada su sanción, puesto que la primera de las sentencias —publicada a finales de febrero— rechazó el recurso del vicepresidente segundo, el canónigo Fernando Cruz-Conde, y le confirmó la multa de 140.000 euros por las cuatro infracciones que le atribuyó el Banco de España y mantuvo el Ministerio de Economía.

Junto a los dos citados figuran otros seis exconsejeros de la última etapa de la caja que votaron, como ellos, a favor de la fusión con Unicaja que hubiera impedido la quiebra, intervención y subasta de CajaSur. Se trata de Andrés Hens (IU), Juan Pablo Durán —secretario general del PSOE cordobés entonces y ahora y actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital—, María Ángeles Delgado (PSOE), Encarnación Ortiz —PSOE, exalcaldesa de Priego—, José Luis Bergillos —PSOE, exalcalde de Lucena— y Luisa Ruiz —PSOE, exalcaldesa de Peñarroya—. A todos ellos se les atribuyen dos infracciones, la primera por no haber mantenido mecanismos eficaces de control interno y de los riesgos y la segunda por haber superado la caja los límites de grandes riesgos establecidos por la normativa. Sus sanciones oscilan entre los 20.000 y 64.000 euros.

Mientras, los otros cuatro sancionados de este grupo de 12 que se unió para una defensa común pertenecen a consejos de administración anteriores, dado que el expediente del Banco de España abarca a los 35 exconsejeros y a tres de los cinco directores generales de CajaSur que tuvieron mandato entre julio de 2005 y mayo de 2010. A estos cuatro se les atribuye una única infracción, la referida al control de riesgos, con multas que oscilan entre los 20.000 y los 51.000 euros, más bajas para Francisco Cárdenas (IU) y María José Lara (PSOE) por pertenecer a etapas más remotas, y más elevadas para el exalcalde de Córdoba Andrés Ocaña (IU) y el exalcalde de La Carlota Francisco Pulido (PSOE), que terminaron su mandato en el año 2008.

Infracciones graves

Al respecto, la Audiencia Nacional considera probado que todos ellos incurrieron en dos infracciones graves de la ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Por un lado, destaca "la inexistencia de políticas prudentes de financiación y mecanismos de control interno eficaces que redujeran las elevadas tasas de morosidad" de la Caja, y, por otro, "por haber superado CajaSur los límites de grandes riesgos establecidos", respecto a diversos grupos empresariales, tanto participados por la entidad como otros independientes de la misma. En ambos casos se superaron los límites del 20% y el 25% que marca la ley.

Entretanto, el principal reparo que planteaban los ahora multados se refería a que la pésima situación de la entidad se remonta a una época en la que ellos no estaban en el consejo, en el período 2002-2004, cuando el Banco de España advierte por primera vez a CajaSur del riesgo que corre y de su mala situación por sus inversiones, sobre todo por la concentración de riesgo en el sector del ladrillo.

El tribunal afirma que no puede juzgar estos hechos, ya que no son propios de la sanción, pero afirma a los reclamantes que en su etapa como miembros del consejo la situación "lejos de mejorar, no hizo sino empeorar de forma significativa y grave sin que no sólo no se recuperaran los niveles de solvencia exigidos por ley sino que tras el rechazo a la fusión de Unicaja" los recursos propios de la entidad se encontraban en menos 21 millones de euros.

Así, los magistrados sustentan su decisión en que "durante los concretos períodos de tiempo en que los recurrentes desempeñaron sus responsabilidades se ha acreditado que tuvieron lugar graves deficiencias de control interno", que se encuentran detalladas en los informes que el Banco de España presentó el 7 de julio de 2010.

La Audiencia Nacional rechaza la argumentación de los ex altos cargos de que actuaron para impedir el empeoramiento de la caja y les recrimina que no fueran más lejos en sus actos contra las decisiones de la parte mayoritaria del consejo —formada por los miembros del Cabildo y los impositores, a excepción de María de los Ángeles Delgado—. El fallo recoge que los exconsejeros debían haber acudido a la Justicia para frenar lo que consideraban actuaciones erróneas.

Por ello, considera que son exigibles las responsabilidades por acción y por omisión, pues "los recurrentes, al no desplegar la diligencia exigible y necesaria en el ejercicio de sus funciones, causaron —con la concurrencia de las actividades positivas de otros— los hechos constitutivos de las infracciones, siendo en consecuencia responsables de las mismas".

Recursos pendientes

Cabe destacar que de los 38 sancionados —tres exdirectores generales y 35 exconsejeros— quedan pendientes de resolver aún 23 recursos —de 20 exconsejeros y dos directores generales—, entre ellos los de los dos expresidentes, Juan Moreno —estuvo hasta 2007 y tiene una multa de 50.000 euros— y el actual obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez Sierra —tomó la decisión de romper con Unicaja en mayo del año 2010, y su multa es la más elevada, 180.000 euros—, junto a otros canónigos del Cabildo, impositores, instituciones y personal. Asimismo, queda pendiente el recurso del actual alcalde de la capital, José Antonio Nieto, que tiene la multa más baja —18.000 euros—, pues su presencia en CajaSur terminó en noviembre de 2005.

Mientras, la Audiencia Nacional ha mantenido en las sentencias dictadas hasta el momento la sanción para el vicepresidente por el Cabildo, Fernando Cruz-Conde —cuatro cargos, 140.000 euros—, para un exdirector general, José Ruiz —un cargo, 45.000 euros— y para el exconsejero del PP que se abstuvo en la última votación, Miguel Contreras —dos cargos, 49.000 euros—. Con la nueva sentencia que confirma la multa a los doce consejeros institucionales entre los que ocho habían apoyado la fusión con Unicaja, y otros cuatro son de consejos anteriores, la AN ha aplicado el mismo criterio a todas las situaciones posibles.