El PP de Lora del Río (Sevilla) ha reclamado al alcalde, Francisco Javier Reinoso (PSOE), que se abstenga en el proceso jurídico que ha de investigar el supuesto desvío de más de un millón de euros de las arcas municipales a cuentas corrientes de dos funcionarios a través del cobro de nóminas ficticias, al señalar que ya el regidor "fue declarado responsable directo subsidiario de estos hechos y, por tanto, tiene interés personal en la causa".

Así lo ha anunciado este jueves el PP de Lora en una nota, en la que ha avanzado su intención de solicitar un pleno extraordinario para reclamar que "se dé cumplimiento" al expediente del Tribunal de Cuentas que pide "la interposición de una demanda contra los responsables directos y subsidiarios" de este caso.

Junto a la del alcalde, los 'populares' de Lora también han solicitado la abstención de la asesoría jurídica del Ayuntamiento en el proceso "al haberse declarado contraria a la resolución del Tribunal de Cuentas", y, en su lugar, solicitan que se inste a los servicios jurídicos de la Diputación de Sevilla, "de forma que se garantice la imparcialidad en la correspondiente demanda".

Para el concejal del PP Álvaro Fernández, "la implicación del alcalde en todo este asunto, como ha señalado la justicia, hace entender que no puede formar parte del proceso jurídico a seguir, por coherencia y como garantía para los vecinos".

Igualmente, Fernández ha explicado que la moción de su grupo pide también "el análisis de todos los documentos obrantes en el expediente abierto al efecto sobre las actuación llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas referente a este caso".

Tras reivindicar "la defensa de los intereses generales del pueblo y las arcas municipales" como "un deber de los representantes públicos", el representante del PP ha exigido al Grupo Socialista que "cumpla con él con su primer edil a la cabeza".

Como se ha informado, el Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de nueve días al alcalde de Lora del Río, al interventor y al tesorero para que se personen en las actuaciones relacionadas con los dos funcionarios detenidos en marzo de 2011 después de ser descubierto que a lo largo de casi 15 años habrían desviado más de un millón de euros de las arcas públicas hacia sus propios bolsillos, a través del cobro de nóminas ficticias.