El Gobierno de Cantabria está negociando con el Gobierno central una "fórmula" contable para poder acabar en dos años las obras de Valdecilla, que tienen un coste de 100 millones de euros, sin exceder los techos de déficit y deuda impuestos a la comunidad autónoma.

El presidente regional, Ignacio Diego, que ha realizado estas afirmaciones a preguntas de los medios de comunicación, no ha querido "desvelar todavía" esta "fórmula", en la que estarían implicados el Ministerio de Hacienda y el de Sanidad, y se ha limitado a indicar que "todavía no está aceptada".

El "encaje" de esos 100 millones sin renunciar a otras inversiones "no es sencillo", ha señalado, puesto que las obras computan a efectos contables en el año en que se han ejecutado, no cuando se pagan, que en este caso será una vez finalizadas.

Sin embargo, la vicepresidenta y consejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga, ha afirmado que el déficit y los problemas de financiación no han sido "determinantes" para acudir a la fórmula de la colaboración público-privada, por la que el Gobierno se ha decantado porque -ha dicho- es la forma "más ágil y racional" de finalizar las obras de Valdecilla. Según ha dicho, la inversión se va a pagar "casi" en su totalidad "con cargo al presupuesto corriente del hospital y al mayor margen de eficiencia" en el coste de los servicios.

Buruaga ha asegurado que con un procedimiento de contratación y financiación "tradicional", "no se hubiera movido un solo ladrillo en toda la legislatura". El proceso administrativo "no hubiera concluido en esta legislatura, las obras hubieran tardado en terminarse otras dos legislaturas", se habrían generados nuevos desfases y habría que haber restado fondos de otros fines.

Déficit asimétrico

Diego y Buruaga han realizado estas afirmaciones en la rueda de prensa que han ofrecido tras la reunión que han mantenido este miércoles con los sindicatos CCOO, UGT y USO por espacio de más de tres horas.

Durante la comparecencia, Diego ha eludido la pregunta de los medios sobre el papel que puede jugar Valdecilla a efectos de 'compensación' a Cantabria en el caso de que finalmente se imponga un reparto asimétrico del nuevo objetivo de déficit para 2013. Pregunta que sin embargo, ha aprovechado para reiterar que "no va a dejar" de reivindicar el compromiso de financiación íntegra de las obras del hospital por parte del Estado.

"Si no lo consigo lo consideraré un fracaso", porque "habré conseguido lo mismo" que el Gobierno de Miguel Angel Revilla (PRC-PSOE), al que durante cuatro años -de 2007 a 2011- el Gobierno del PSOE "le negó esa financiación una y otra vez" y "tragó". "Reivindico 200 millones y la propina si me la dan", añadió en alusión a los 100 millones de "desfase" pagados por el Gobierno regional y los 100 que faltan para terminar las obras.

En la misma línea, la vicepresidenta aseguró que la reivindicación de la financiación de Valdecilla al Gobierno central es "innegociable", y añadió que al igual que Diego, "también está esperanzada" porque todavía "no tiene motivos para dudar". "Es el compromiso más importante para con Cantabria en el momento más difícil del país", señaló, para subrayar a continuación que mientras se consigue, las obras de Valdecilla "avanzarán al ritmo más rápido de toda su historia".

Reunión con los sindicatos

En la reunión con los sindicatos CCOO, UGT y USO, Diego y Buruaga se han comprometido a "negociar" en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad el futuro de los trabajadores no sanitarios estatutarios de Valdecilla (los afectados por la privatización de nuevos servicios, que según el Gobierno son unos 250), y a "dialogar, que no negociar", en una mesa de "información" de carácter "informal", sobre la situación de los trabajadores de las contratas (en total unos 600 en los 40 servicios cuya gestión ya está privatizada y salen ahora de nuevo a licitación de forma conjunta con el contrato de colaboración público-privada).

Este diálogo con los sindicatos se entablará una vez finalice el proceso de diálogo competitivo con los grupos empresariales seleccionados entre los 11 que han solicitado participar, que comenzará "en breve", y antes de que el documento descriptivo de las condiciones de licitación sea definitivo.

Según Buruaga, los servicios hasta ahora de gestión pública que pasan a externalizarse son el servicio de mantenimiento, "parte" de restauración, "parte" de almacén y archivos y "parte" de informática, ya que según ha explicado, estos trés últimos ya estaban parcialmente externalizados. La consejera también ha destacado que de los 600 trabajadores de las contratas, 586 tienen recogidos en sus respectivos convenios el derecho de subrogación.

Asimismo, ha destacado que en el documento descriptivo previo, la administración exige unos ratios de calidad "mucho más exigentes de los que existen en los contratos hoy en día en vigor", lo que supone una "garantía".

Tras la reunión, y pese a considerar positivo el compromiso del Gobierno de crear un foro donde poder realizar aportaciones sobre el futuro de los trabajadores de las contratas antes de cerrar el documento descriptivo definitivo, CCOO ha confirmado su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria la desestimación, por parte del Tribunal Administrativo Central, de su recurso contra la licitación de Valdecilla.

La secretaria de la Federación de Sanidad de CCOO, Asunción Ruiz Ontiveros, ha explicado que el sindicato ha puesto como condición que "no se privatice ni un solo servicio ni un solo trabajador más", aspecto que ha rechazado el Gobierno, que ha confirmado que va a seguir adelante con el proceso en los términos establecidos en el anuncio de licitación.

Por su parte, el sindicato USO ha descartado recurrir a la vía contencioso-administrativa, mientras que UGT todavía no ha tomado una decisión al respecto. Desde la central ugetista recuerdan que hay tiempo, puesto que existen dos meses de plazo para recurrir la resolución del Tribunal Administrativo. La secretaria general del sindicato, María Jesús Cedrún, ha valorado el "compromiso verbal" del presidente como "un paso de gigante" para los trabajadores de las contratas.

También lo considera "un paso" la secretaria general de USO, Mercedes Martínez Zubimendi, quien no obstante, ha dejado constancia de que a su sindicato "no le gusta" el procedimiento de colaboración público-privada, que considera "opaco".

Por su parte, Diego ha dejado claro que el Gobierno dialogará con los sindicatos que "quieran buscar acuerdos" y ha puntualizado que "recurrir es una posición de ausencia de diálogo". A la vez, ha subrayado que la reunión con los sindicatos ha sido "un gesto claro e inequívoco" de una disposición que "no es nueva", sino que el Gobierno "siempre la ha tenido", antes de los recursos, tras la presentación de los recursos e incluso ahora que se han desestimado.

También ha señalado que en el caso de los 40 servicios externalizados por el anterior Gobierno "no hubo tal diálogo con los sindicatos", y ha afirmado que su Gobierno "es el que más dialoga y el que más esfuerzos está haciendo para razonar los pasos que dá".

Diego considera que los sindicatos se han "equivocado y precipitado" con unos recursos que han "paralizado durante un mes" el proceso. Ha reiterado que Valdecilla y sus servicios sanitarios "han sido, son y serán públicos en el futuro"; y ha afirmado que el Gobierno "va a defender los derechos de los trabajadores", pero anteponiendo el interés general de los cántabros para garantizar la prestación de los servicios "en parámetros de calidad y eficiencia".

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